Mireya Moscoso


29 Apr
29Apr


Perteneciente a una familia de propietarios rurales de Pedasí, en la provincia de Los Santos, y menor de seis hermanos, su padre, director de la escuela del pueblo, falleció cuando ella tenía nueve años. Tras completar la educación primaria en Pedasí, su madre la internó en un colegio regentado por monjas de María Inmaculada en Ciudad de Panamá, donde cursó la secundaria. De allí salió en 1963 con un diploma de bachiller en Comercio, titulación que la facultó para trabajar de secretaria en la Dirección General de la Caja de Seguro Social (CSS). En este organismo público la joven no tardó en trabar contacto con la política y ya en 1964, cuando aún no había cumplido los 18 años, participó en la campaña electoral de Arnulfo Arias Madrid, veterano político y diplomático conservador de 62 años que aspiraba a la Presidencia de la República con su Partido Panameñista (PP), fundado en enero de 1961. Arias era un valedor de los intereses de la oligarquía agropecuaria y del ideal anticomunista, pero también era un nacionalista celoso y popular que suscitaba recelos en Estados Unidos, cuyos Gobierno y multinacionales tenían en Panamá un importantísimo patrimonio económico y estratégico.

Arias alcanzó en diferentes circunstancias la Presidencia en 1940, 1949 y 1968, aunque en ninguno de los casos llegó a completar su mandato al ser forzado a dimitir por mostrar tendencias autoritarias y debido a las injerencias de sus numerosos enemigos, desde el conservadurismo tradicional proestadounidense hasta la izquierda pasando por los militares. Uno de los logros más celebrados de sus administraciones fue, precisamente, la creación de la CSS, en 1941.

En las elecciones del 10 de mayo de 1964 Arias cayó derrotado con el recurso del fraude ante el liberal Marco Aurelio Robles Méndez. A partir de entonces, Moscoso se mantuvo al lado de su protector y compañero sentimental en los avatares políticos de éste. En 1966 entró como gerente de ventas en una distribuidora de café de su propiedad, Prijanca, S.A., y el 12 de mayo de 1968 asistió a su victoria en las elecciones presidenciales, cuya campaña había coordinado en calidad de asesora. El 1 de octubre de aquel año Arias inició su tercera experiencia presidencial, pero, como las anteriores, fue frustrada intempestivamente: el 11 de octubre, a tan sólo 10 días de la toma de posesión, el estadista fue derribado en un golpe de Estado encabezado por Omar Torrijos Herrera, teniente coronel de la Guardia Nacional, viéndose obligado, en compañía de Moscoso, a abandonar el país con destino a Miami.

En 1969 la pareja formalizó su relación con el matrimonio y Moscoso aprovechó su forzado exilio para aprender el inglés y ampliar su formación en el Miami Dade Community College, donde en 1974 obtuvo un diploma en Diseño de Interiores. Más tarde se tituló como técnica en computación por la Universidad de Florida. No le faltaron las penalidades por sus vínculos político-conyugales. Así, en 1972 retornó a Panamá para visitar a su madre, enferma en Pedasí, pero tan pronto como puso pie en el país fue arrestada por la Guardia Nacional. Según consta en su biografía oficial, los uniformados la sometieron a maltrato psicológico y a amenazas de tortura durante un día antes de permitirle viajar a Pedasí, estar brevemente con su madre y volver a Estados Unidos.

El 10 de junio de 1978 el matrimonio Arias retornó a Panamá, donde los panameñistas le tributaron un recibimiento triunfal, a raíz del levantamiento de la prohibición que pesaba sobre los partidos políticos y la convocatoria de elecciones legislativas por el presidente civil instalado por Torrijos en 1972, Basilio Lakas Bahas. Moscoso colaboró con su esposo en la reorganización de sus propiedades cafetaleras en Boquete, en la provincia de Chiriquí. Por su parte, el viejo caudillo del panameñismo, ya octogenario, renovó su movimiento con la puesta en marcha el 14 de agosto de 1983 del Partido Panameñista Auténtico (PPA), con el que se inscribió para las elecciones generales del 6 de mayo de 1984.

Al frente de una Alianza Democrática de Oposición (ADO), integrada por el PPA, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), Arias fue declarado perdedor en las presidenciales con el 46,6% de los votos, sólo 1.154 menos que los obtenidos por el candidato de la alianza propiciada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) fundado por Torrijos (quien había muerto en un accidente de aviación en 1981), Nicolás Ardito Barletta, un civil que aseguraba la continuidad en el poder del postorrijismo, si bien el verdadero poder lo detentaba la alta oficialidad de la Guardia Nacional, ahora llamada Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP). Estos comicios fueron considerados fraudulentos por la comunidad internacional, que respaldó la agria impugnación del supuesto perdedor.

Arias falleció en Miami el 10 de agosto de 1988 y Moscoso, que en los últimos años había figurado como su más estrecha colaboradora, se hizo cargo de sus empresas agropecuarias. Al igual que lo sucedido con otras viudas famosas, como Cory Aquino en Filipinas o, más cerca, Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, Moscoso se encontró en condiciones de tomar las riendas de un partido descabezado, aunque en un primer momento ella no se mostrara inclinada a ello. Al poco tiempo de morir su líder y fundador, el PPA sufrió la escisión de una serie de facciones que se constituyeron en fuerzas independientes y que dejaron clara su postura prodemocrática y antimilitarista. El PPA como tal quedó en manos de una corriente minoritaria que, de hecho, fue asimilada por el régimen militar-perredista.

La mayoría de la militancia del PPA secundó en su disidencia a uno de los lugartenientes de Arias, el abogado Guillermo Endara Galimany, a quien el viejo dirigente había designado secretario general de la formación poco antes de morir. En marzo de 1989 Endara organizó el Partido Arnulfista (PA), y aunque el proyecto no contó con el visto bueno legal de las autoridades, Moscoso y el entorno arnulfista de Miami resolvieron sumarse al mismo.

Este panameñismo legitimista se unió al Partido Liberal Auténtico (PLA) de Arnulfo Escalona Ríos, el PDC de Ricardo Arias Calderón y el MOLIRENA de Guillermo Ford Boyd bajo la sombrilla de la Alianza Democrática de Oposición Civilista (ADOC). La coalición cuatripartita, de perfil centroderechista, moderadamente nacionalista y contraria al militarismo, se inscribió para las elecciones generales del 7 de mayo de 1989 con Endara como candidato presidencial. Estos comicios, cuyos caótico desarrollo y anulación días después apuntaron en todo momento a un resultado fuertemente adverso para el partido oficial, constituyeron un punto de inflexión en la trayectoria del desacreditado régimen de Manuel Antonio Noriega Moreno, comandante de las FDP desde 1983 y verdadero mandamás del país, con porte dictatorial, al margen de los presidentes de paja civiles, simples titulares de quita y pon.

El 29 de septiembre de 1991, más de año y medio después de la invasión estadounidense del país, del derrocamiento de Noriega y de la instauración de Endara como legítimo presidente de la República, Moscoso se convirtió en la presidenta del PA, que su secretario general, el propio Endara, había registrado el 30 de abril de 1990. A pesar de contar con el respaldo de los principales dirigentes panameñistas, Endara renunció a toda aspiración a presidir el partido por él fundado con la explicación de que sus deberes al frente del Estado hacían aconsejable no encabezar también una organización política. Así que la Convención Nacional Constitutiva del PA, reunida en la fecha citada en Penonomé, provincia de Coclé, eligió para dicho puesto orgánico a la viuda de Arias, quien se impuso con seis votos de diferencia sobre el otro pretendiente, Francisco Artola. A petición de Moscoso, Endara aceptó ser coordinador de la Junta Consultiva de la agrupación.

En estos años, Moscoso combinó las labores internas en el PA con la dirección de las propiedades heredadas de Arias, entre ellas la finca cafetalera Arkapal, así como la presidencia de una fundación dedicada a preservar la memoria y el legado doctrinal de su difunto esposo. Por cierto que en 1991 contrajo segundas nupcias con el empresario Ricardo Gruber, de quien tomó su apellido de casada hasta que en 1997 la pareja se divorció. Previamente a la disolución del vínculo, los Gruber adoptaron un hijo, Ricardo, nacido en 1992.

Moscoso no llegó a integrarse en el Gabinete de Endara, aunque en 1992 ejerció de comisaria general de Panamá en la Exposición Universal de Sevilla. Por otra parte, en la Convención Extraordinaria del PA celebrada en Boquete el 23 de abril de 1993, Moscoso, Endara y otros altos dirigentes arnulfistas salieron ilesos de un atentado contra su vida cuando una bomba de relojería colocada en el edificio convencional estalló a destiempo por un fallo en el temporizador. El intento de magnicidio múltiple se atribuyó a antiguos militares y policías sediciosos, relacionados con el norieguismo.

De cara a las elecciones generales del 8 de mayo de 1994, un grupo de fuerzas conservadoras y centristas opuestas al retorno del PRD al poder consensuó la candidatura presidencial de Moscoso, que fue proclamada por el PA en su Convención Nacional de diciembre de 1993. Surgió así la Alianza Democrática, que además del PA comprendía al PLA, el Partido Liberal (PL) y la Unión Democrática Independiente (UDI). El PDC y el MOLIRENA, que se habían separado del Gobierno por diferencias con Endara, decidieron concurrir por su cuenta. Moscoso y su coalición se enfrentaron al bloque tripartito Pueblo Unido, liderado por el PRD y su candidato presidencial, Ernesto Pérez Balladares, antiguo ministro de Hacienda  y actualmente el secretario general de un partido que intentaba dejar atrás la pesada alforja de su complicidad con el régimen militar y que incidía en el ideario socialdemócrata.

Durante la campaña, Moscoso no fue capaz de contrarrestar el empuje de los perredistas, beneficiarios naturales del malestar social que había generado la gestión de la administración saliente, con la táctica de echarles en cara su clamorosa colaboración con la autocracia de Noriega, así que Pérez Balladares se alzó con la victoria con el 33,3% de los votos. Moscoso recibió el 29,1%, cuota que, dados los vientos fuertemente desfavorables para el oficialismo, se antojó bastante digna. La dispersión del voto de la extinta ADOC resultó decisiva para estos resultados, ya que el MOLIRENA, unido a dos formaciones menores, y el PDC presentaron unos candidatos propios, Rubén Darío Carles y Eduardo Vallarino Arjona, respectivamente, que entre los dos arañaron 18,5 puntos de voto. En las legislativas, el PA quedó como el segundo partido de la Asamblea Legislativa con 14 escaños sobre 72.

Convertida en la jefa de la oposición, Moscoso se sintió vindicada cuando la pretensión de Pérez de presentarse, previa reforma de la Constitución, a la reelección en 1999 fue contundentemente rechazada en el referéndum popular del 30 de agosto de 1998. La dirigente política, adalid de la campaña por el no, consideró que la actuación de Pérez estaba resultando muy negativa, así que instó a la creación de una gran alianza opositora para desalojar al PRD del Ejecutivo.

Tomó cuerpo por tanto la Unión por Panamá (UP), ya anunciada por primera vez el 23 de julio de 1996, junto con el PDC, el MOLIRENA y el Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) de Pedro Vallarino Cox, si bien los democristianos, ahora mandados por Rubén Arosemena Valdés, terminaron dando marcha atrás. En septiembre de 1996 Moscoso fue reelegida por la Convención Nacional del PA como presidenta de la formación por otro quinquenio y el 29 de marzo de 1998 se impuso con el 63,2% de los votos en las primarias arnulfistas para la designación del candidato presidencial. Como compañeros de fórmula tenía a Arturo Ulises Vallarino Bartuano, del MOLIRENA, para el puesto de primer vicepresidente, y Dominador Káiser Bazán Jiménez, del MORENA, para el de segundo vicepresidente.

Moscoso realizó una campaña electoral populista y parca en detalles en la que prometió un amplio paquete de medidas sociales, un terreno de cuya desatención se acusaba a Pérez Balladares, artífice de importantes reformas liberales. Eje central del programa de la UP era la privatización de la CSS, no obstante tratarse de una recordada realización presidencial de Arias, con los objetivos de sanear sus cuentas y ampliar la cobertura de los afiliados. Los observadores estuvieron de acuerdo en que, considerando el equipo de profesionales de que se había rodeado Moscoso y el propio perfil liberal-conservador de la política, un eventual gobierno de la UP debería continuar las reformas estructurales auspiciadas por el PRD.

Por lo demás, la jefa arnulfista era consciente del preocupante legado socioeconómico del Gobierno perredista: el índice de paro había alcanzado el 15%, la pobreza golpeaba en mayor o menor medida al 35% de los 2,7 millones de panameños, la producción nacional, debido a la caída de las exportaciones y a la progresiva reducción de la presencia militar de Estados Unidos, presentaba trazas de estancamiento (si bien la tasa de crecimiento anual aún se situaba en torno al 4% del PIB) y el saldo de la cuenta corriente presentaba un déficit del 13%.

La candidata presentó su falta de formación universitaria, insistentemente esgrimida por sus oponentes, como una garantía de cercanía y comprensión de los problemas cotidianos de los panameños. Asimismo, su experiencia en la empresa privada, bien atestiguada por sus membresías en las asociaciones de Cafetaleros de Boquete, de Productores de Leche y Nacional de Ganaderos, y sus breves incursiones en el servicio público deberían suplir los vacíos curriculares en las áreas internas o externa de la acción de Gobierno.

Moscoso no se privó de adoptar un discurso nacionalista, que el PRD deseaba seguir monopolizando. Así, defendió la total retirada de los efectivos militares de Estados Unidos en añadidura a la retrocesión del Canal y las últimas Áreas Revertidas en el territorio circundante, a culminar el 31 de diciembre de 1999 de acuerdo con los Tratados Torrijos-Carter de 1977, pero, por supuesto, sin menoscabo de las buenas relaciones con el Gobierno de Washington. En cuanto a la pretensión estadounidense de asentar en Panamá el llamado Centro Multilateral Antidrogas (CMA), una estructura de vigilancia del narcotráfico procedente de Sudamérica reclamada desde la invasión de 1989 para suplir la evacuación del Canal, la candidata repuso que cualquier acuerdo bilateral debería someterse a referéndum.

El día de las elecciones, el 2 de mayo de 1999, Moscoso se adjudicó la victoria con el 44,9% de los votos sobre Martín Torrijos Espino (el 37,6%) hijo de quien derrocara a su primer marido en 1968 y cabeza de la coalición cuatripartita Nueva Nación que capitaneaba el PRD, y Alberto Vallarino Clement (el 17,5%), un banquero que tras ser derrotado por ella en las primarias del PA se había pasado al PDC y articulado con el Partido Renovación Civilista la plataforma Acción Opositora. En las votaciones a la Asamblea, sin embargo, la UP tan sólo obtuvo 24 escaños (de ellos 18 fueron para el PA); aquí, el claro vencedor fue el oficialismo, lo que conformaba un incómodo desajuste de fuerzas entre los poderes ejecutivo y legislativo.

Estos resultados, que vinieron a normalizar la alternancia democrática en Panamá (no en vano, era la primera vez que el PRD cedía el poder pacíficamente), empujaron a Moscoso a convocar un Gobierno de unidad nacional, así que en las semanas siguientes a su proclamación presidencial llegó a sendos acuerdos de legislatura con el Partido Solidaridad (PS) de Samuel Lewis Galindo, el Partido Liberal Nacional (PLN) de Raúl Arango Gasteazoro -dos integrantes de Nueva Nación- y el grupo de Arosemena Valdés, lo que al menos aportaba una precaria mayoría legislativa de 37 escaños. En agosto, todos estos partidos, más el MOLIRENA, rubricaron el llamado Pacto de la Pintada, que debía llevar a la presidencia de la Asamblea al democristiano Enrique Garrido Arosemena.

El 1 de septiembre de 1999, Moscoso, vestida de rutilante blanco y todo sonrisas, prestó juramento como presidenta de Panamá con mandato hasta 2004, en una festiva ceremonia celebrada en el Estadio Nacional de béisbol de Ciudad de Panamá a la que asistieron 25.000 panameños y cuatro presidentes latinoamericanos. En su alocución inaugural, la flamante jefa del Estado, primera de su sexo en el país del istmo, prometió administrar el Canal interoceánico que estaba a punto de revertir a Panamá con "transparencia, eficacia y responsabilidad", así como instituir "un gobierno para los pobres" y luchar contra "la injusticia social". También, anunció su intención de suprimir la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia, que había sido creada por Pérez Balladares con el nombramiento de magistrados afines, como prólogo de una profunda reforma de la Administración pública. Con tono moralista, la mandataria se comprometió a desempeñar su labor con eficiencia y austeridad, y fomentar la "recuperación de los valores cívicos" en una sociedad que estaba padeciendo una "crisis de valores".

Muchas de las promesas formuladas durante la campaña y en la toma de posesión no iba a poder realizarlas Moscoso, pero el arranque de su presidencia quedó enaltecido de manera indeleble por el cumplimiento estricto de los Acuerdos de 1977. Con arreglo al cronograma, el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (USSOUTHCOM) entregó sus últimas bases el mes de noviembre, el día 1 las de Howard (aérea), Kobbe (terrestre) y Farfán (naval), y el día 30 el Fuerte Clayton, cuartel general del Ejército del USSOUTHCOM. El 14 de diciembre, Moscoso y el representante del Gobierno de Estados Unidos, precisamente el ex presidente Jimmy Carter, finiquitaron los detalles de la devolución del Canal. Y el último día de 1999, la presidenta, arropada por una amplia representación de mandatarios internacionales, tuvo la satisfacción de presidir la histórica ceremonia del retorno a la soberanía panameña de un territorio que había permanecido bajo control estadounidense desde 1903.

Tras la restitución del Canal, que como fuente sustanciosa de ingresos –por peajes de tránsito naval y servicios anexos- iba a reforzar, hasta el 78%, el aporte del sector servicios al PIB, Moscoso, seguramente por una cuestión de aversión natural a todo lo que supusiera militarismo, dejó en el vado el proyecto del CMA. Washington, preocupado por la persistencia de la inseguridad en la frontera con Colombia, un área rica en bandidismo y en el trasiego de estupefacientes y armas, y donde detectaba incluso riesgos de un desbordamiento guerrillero procedente de país sudamericano, no ocultó su decepción, aunque el Gobierno panameño hizo gestos que evitaran la sensación de desaire. Así, se firmó a tiempo, justo antes de la fecha límite del 1 de julio de 2003, un acuerdo bilateral que garantizaba inmunidad a los súbditos estadounidenses frente a la jurisdicción extraterritorial de la Corte Penal Internacional, de la que Panamá era parte signataria y, desde el 21 de marzo de 2002, ratificadora. Este sometimiento a los deseos de Estados Unidos le ahorró a Panamá exponerse a sufrir sanciones en el capítulo de la defensa, sin ir más lejos, la suspensión de la ayuda militar.

Muchas eran las expectativas que había generado la posesión del Canal, aunque aquellas tuvieron que moderarse al quedar de manifiesto que las limitaciones estructurales de la ingente obra de ingeniería lastraban su potencial como gran caja recaudadora del Estado. El constante aumento del tráfico naval y del tamaño de los buques hacía necesaria la construcción de un tercer juego de esclusas, afirmaba la flamante Autoridad del Canal de Panamá (ACP), cuyas aportaciones al tesoro público iban a superar ampliamente los 1.000 millones de dólares al final del quinquenio, una cantidad que, no obstante, era inferior al valor de las exportaciones nacionales y al servicio anual de la deuda externa. Éste era uno de los grandes proyectos de inversión en infraestructuras consideradas fundamentales para el desarrollo económico del país, pero, como otros que requerían enormes desembolsos, no fraguó durante el quinquenio de Moscoso debido a la falta de financiación y de estudios técnicos adecuados. En cuanto a la pretensión de abrir al capital privado la CSS, que arrastraba un déficit de 2.000 millones de dólares, también se quedó en el tintero por la fuerte oposición social y política con que topó.

La apuesta por el sector terciario, donde Panamá, país pequeño con una limitada capacidad exportadora de bienes (agrícolas, básicamente) y un consumo interno muy modesto también, tenía mucho que decir, suponía dotar de más medios a la ACP, pero también potenciar el atractivo mercantil de la Zona Libre de Colón, emplazada junto a la entrada atlántica del Canal, servicios marítimos como el registro de buques en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la oferta bancaria y aseguradora, y la industria del turismo.

El Gobierno otorgó prioridad al desarrollo de la Zona Libre de Colón, una institución autónoma del Estado creada en 1948 que por volumen de carga era, después de la facilidad de Hong Kong, la segunda zona franca del mundo. Cuando Moscoso llegó a la Presidencia, la Zona Libre ofrecía a sus clientes un vasto sistema portuario, el centro de distribución de mercancías, bien para la importación, bien para la reexportación, más grande del continente, un parque de servicios financieros y una red de comunicaciones de alta tecnología. Ahora, se ambicionaba la adición de un Centro Logístico Multimodal de Transporte y Servicios Internacionales, cuyo núcleo, extraordinariamente dispendioso, era el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS). El megaproyecto se hizo acuciante tras conocerse que en 1999 la Zona Libre había perdido empuje exportador.

El 15 de enero de 2002 la Asamblea Legislativa aprobó el contrato-ley que creaba el CEMIS y otorgaba su construcción al consorcio empresarial privado San Lorenzo. La decisión de los parlamentarios podía presentarla el Gobierno de Moscoso como un éxito propio, pero entonces saltaron al conocimiento del público denuncias sobre que algunos diputados del PRD habían recibido sobornos del consorcio adjudicatario para sumar sus votos al del bloque oficialista. Toda vez que al menos uno de los acusados confesó la veracidad del cohecho, el Colegio Nacional de Abogados interpuso una demanda de inconstitucionalidad del contrato-ley y la Procuradora General de la Nación emprendió una investigación. Aunque en septiembre de 2003 la Corte Suprema de Justicia, ella misma puesta en la picota por admitir como magistrados a dos personas de reputación dudosa, dictó nulidad de todo lo actuado y ordenó archivar el expediente procesal, el caso CEMIS dio lugar a uno de los mayores escándalos de corrupción en Panamá desde la caída del régimen de Noriega en 1989.

Claro que, para entones, en 2003, las tribulaciones de Moscoso eran también económicas y políticas, en relación con el menguante nivel de apoyos recibido por la presidenta desde dentro y fuera de su partido. Ya en agosto de 2000, la mandataria se encontró con la dimisión del Gabinete en pleno en medio de críticas de la oposición parlamentaria y la patronal por la inepcia o el inmovilismo del Ejecutivo a la hora de lidiar con la deceleración del crecimiento. La presidenta rehizo su equipo con el despido de dos titulares y el cambio de cartera de un tercero, Víctor Nelson Juliao Gelonch, a la sazón secretario general del PA, quien abandonó Economía y Hacienda y pasó a Obras Públicas.

Ese mismo mes, Moscoso encajó la defección del PDC, luego conocido como Partido Popular (PP), el cual, sobreponiéndose a una vieja animadversión ideológica, subscribió con el PRD de Torrijos el llamado Acuerdo para el Mejoramiento y la Transformación de la Asamblea (META), que de entrada supuso el reparto de puestos directivos del poder legislativo entre los dos firmantes y el PS. Moscoso protestó por lo que de hecho era el acta de defunción del Pacto de la Pintada, que entre otras cosas se tradujo en el veto por la nueva mayoría parlamentaria de un proyecto de viaje presidencial a Taiwán, aunque al cabo de dos años se tomó la revancha cuando una facción disidente del PRD aceptó firmar con ella el Pacto de Boquete, que permitió al oficialismo recobrar el control de la Asamblea.

Ahora bien, hablar de oficialismo significaba cada vez más hablar del grupo de partidarios de Moscoso en las filas panameñistas, ya que PA era pasto del divisionismo. En 2001, después de fracasar en su intento de convertirse en magistrado de la Corte Suprema, el ex presidente Endara empezó a criticar al Gobierno, lo que le valió ser apartado del Directorio Nacional del partido. En respuesta, Endara articuló la facción interna Unidad Arnulfista y Panameñista y pasó a disputar a Moscoso no sólo la representatividad el legado del caudillo desaparecido, sino también la misma jefatura partidaria. En agosto de aquel año, Endara denunció a Moscoso ante la Fiscalía Electoral por una supuesta amenaza de destitución a los funcionarios que no la respaldaran en su aspiración de ser reelegida al frente del Directorio Nacional, la cual se hizo realidad a finales de septiembre por decisión de la Convención Nacional arnulfista, reunida en Aguadulce. Desde este momento, Endara y otros veteranos dirigentes del partido quedaron completamente marginados en el PA, aunque su vínculo emocional a los símbolos del arnulfismo refrenó a estos disidentes a la hora de plantearse una escisión formal y el lanzamiento de un partido rival.

Las trifulcas inter e intrapartidistas, las acusaciones de hacer la vista gorda con las corruptelas de su entorno, de intentar acaparar poder más allá de su marco ejecutivo y de erosionar la democracia interna de las fuerzas políticas (derogación de la obligación legal de celebrar elecciones primarias para proclamar a los candidatos presidenciales, medida que pareció pensada para que la Convención Extraordinaria del PA designara sin competición interna en junio de 2003 en Penonomé a un hombre de absoluta confianza de la presidenta, el canciller José Miguel Alemán Healy), y, por último, la degradación económica (en el ecuador del mandato, el paro marcaba el 17% y el PIB se asomaba a la recesión), no avinagraron a Moscoso, que siguió mostrándose a la opinión pública serena y jovial.

Mientras el sector agropecuario y el minúsculo sector secundario acusaban la penuria de incentivos públicos, el Gobierno, para no aumentar el número de promesas electorales incumplidas, respetó el aumentó de los aranceles a las importaciones agrícolas y mantuvo las subvenciones a la vivienda, dispendio que en gran parte fue sufragado con lo que generaban algunas privatizaciones empresariales y la venta de inmuebles en la zona del Canal que habían pertenecido a Estados Unidos.

La presidenta también reclamó logros en el diálogo crediticio con los organismos multilaterales y, sobre todo, en el capítulo de la integración comercial, a pesar de la medida proteccionista arriba citada. Poniendo colofón a años de negociaciones, Moscoso firmó dos importantes instrumentos de libre comercio: el primero, el 6 de marzo de 2002 en Ciudad de Panamá, consistió en un Acuerdo Marco con los cinco países socios del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) más un Protocolo especial con El Salvador, el cual daba inicio inmediato al proceso librecambista con carácter bilateral; luego, el 21 de agosto de 2003 en Taipei, se hizo realidad el TLC con Taiwán, que entró en vigor el 1 de enero de 2004. Además, arrancaron las negociaciones para un TLC Panamá-Estados Unidos.

Después del deslucido centenario de la República en 2003 a causa de la resaca económica y las constantes imputaciones de corrupción y nepotismo contra el Gobierno, Moscoso inició su último año de mandato esgrimiendo los datos de la recuperación (un 4,1% de crecimiento del PIB para el conjunto de 2003, aunque el desempleo seguía siendo elevadísimo y las deudas del Estado hacían sentir su dogal más que nunca), vindicando realizaciones externas e internas y quejándose de que una prensa mayoritariamente hostil se hubiera dedicado sistemáticamente a resaltar lo que no pudo acometerse y a denunciar un sinfín de fraudes y chanchullos que ella, naturalmente, se negó a admitir.

Como también rehusó, no obstante haberse comprometido en 1998 a eliminar la confidencialidad de las partidas gubernamentales de uso discrecional y pese a estar vigente una Ley de Transparencia en relación con el gasto público, a informar sobre la cuantía y el destino de los fondos reservados a la Presidencia. Esta actitud esquiva dio pábulo a sospechas de malversación de dichos fondos. La administración de Moscoso no sólo dejaba una sensación difusa, pero poderosa, de corrupción institucional; también era acusada de maquillar los balances económicos y financieros antes de su publicación, para dignificar las cifras del déficit fiscal, la deuda pública y el crecimiento.

Un abrumador deseo de cambio político invadió al electorado, de manera que el 2 de mayo de 2004 el partido de la mandataria saliente se estrelló en las urnas: con un mezquino 16,4% de los votos, el ex canciller Alemán, que contaba con el aval del PLN y el MOLIRENA, fue arrinconado por el perredista Torrijos, convertido en el nuevo presidente de Panamá con el 47,4% de los sufragios, y por Endara, quien, aun declarándose arnulfista y panameñista como el que más, concurrió por cuenta del PS y recibió un meritorio 30,9%.

Hasta la transferencia de poderes del 1 de septiembre, Moscoso siguió generando titulares de prensa, halagüeños algunos, de tono vituperable otros. A finales de junio, tendió una mano al PRD y el PP ofreciéndoles la colaboración del PA en la realización de una importante reforma del sistema político. Mediante las oportunas enmiendas a la Constitución, se pensaba reducir el número de legisladores, limitar los supuestos de la inmunidad parlamentaria, eliminar una de las dos vicepresidencias de la República, cambiar la forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema, establecer el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente para acometer futuras reformas de la Carta Magna y vincular cualquier ampliación del Canal al resultado afirmativo de un plebiscito. A tal fin, los partidos principales consensuaron la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente Paralela integrada por 41 miembros de representación partidaria y de libre postulación designados por iniciativa popular.

En segundo lugar, el 25 de agosto, Moscoso aceptó la responsabilidad del Estado en la desaparición y/o asesinato de 110 opositores durante el régimen del general Torrijos y su epílogo norieguista, entre 1968 y 1989. El Ejecutivo asumía así, aunque con más de dos años de retraso, las conclusiones de la Comisión de la Verdad, un panel de investigación de las violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura creado por la presidenta el 18 de enero de 2001, y de paso abría la puerta al pago de compensaciones a los familiares de las víctimas.

Por último, y también a escasos días del relevo presidencial, la líder arnulfista espoleó una crisis en las relaciones con Cuba y Venezuela. El 23 de agosto, Moscoso instruyó al canciller Harmodio Arias para que trajera de vuelta a casa al embajador en La Habana y un día más tarde demandó al Gobierno de la isla caribeña la retirada de su embajador en Panamá. Era la doble represalia a la amenaza lanzada en la víspera por Cuba de romper las relaciones diplomáticas porque, a su entender, Moscoso estaba lista para otorgar el perdón a cuatro exiliados cubano-estadounidenses que estaban encarcelados en Panamá con penas de siete y ocho años de prisión por los delitos de tenencia de explosivos y falsificación de documentos.

Cuba requería la extradición de los emigrados sobre la acusación de haber planificado el atentado contra Fidel Castro que los servicios de seguridad panameños consiguieron desbaratar antes de su comisión al socaire de la X Cumbre Iberoamericana, la cual tuvo lugar el 18 de noviembre de 2000 en Ciudad de Panamá con Moscoso de anfitriona. El más notorio de los cuatro denunciados, Luis Posada Carriles, veterano activista anticastrista y ex agente de la CIA, estaba buscado por la justicia cubana desde los años setenta por terrorismo y subversión, y tenía cuentas pendientes también con Venezuela.

En efecto, Moscoso indultó a Posada y sus compañeros, según dijo, por "razones humanitarias", pues creía que la nueva administración perredista podría entregarlos a Cuba o Venezuela, donde corrían riesgo de ser ejecutados. Con una franqueza que irritó a los gobiernos concernidos, la presidenta aventuró que a los cuatro anticastristas "los habrían matado" de haberse cumplido la demanda de extradición. La reacción de las capitales concernidas fue fulminante: el 26 de agosto La Habana declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas y al día siguiente Caracas retiró a su embajador. Torrijos terció en el conflicto para criticar las decisiones de Moscoso y asegurar que tan pronto como se hiciera cargo de la Presidencia iniciaría las gestiones tendentes a rehabilitar las relaciones panameño-cubanas y panameño-venezolanas. 


Medio año después de dejar la jefatura del Estado y al mes de estrenar asiento en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en Guatemala, el 31 de marzo de 2005, Moscoso anunció su despedida como presidenta del Partido Panameñista, nueva denominación del PA desde el mes de enero. Haciéndose eco de los pronunciamientos internos que le exhortaban a la asunción de responsabilidades por la derrota electoral y la mala imagen del partido asociada a los presuntos actos de corrupción e irregularidades cometidos en el desempeño del poder, Moscoso aseguró que renunciaba a un liderazgo partidista que había asumido en su momento "sin haberlo buscado". 


Demandas: 


La ex presidenta de Panamá Mireya Moscoso (1999-2004) se encuentra acosada por la justicia que investiga el uso de partidas secretas durante su gobierno y el destino de 45 millones de dólares donados por Taiwán.

   Al menos una docena de denuncias han sido presentadas contra ex funcionarios del gobierno de Moscoso por corrupción y enriquecimiento ilícito, que la ex mandataria considera una “persecución política”.

   El Tribunal Electoral (TE) despojó a Moscoso del fuero electoral que la protege, según informó el presidente del organismo, Eduardo Valdés, lo que abre el camino para que la ex gobernante sea investigada por la Procuraduría General.

   Moscoso reconoció hace que utilizó dinero de la partida de gastos reservados para comprarse lujosos vestidos que utilizó en actividades de gobierno, “porque no podía andar andrajosa”.

   Moscoso enfrenta también una rebelión interna en el Partido Arnulfista (PA, derecha), del cual es presidenta hasta el año 2006, enfrentada a facciones que están exigiendo su renuncia.

El PA realizò una convención nacional extraordinaria, en la que Moscoso puso a discusión su cargo, así como el de otros 30 directivos, la mayoría ex funcionarios de su gobierno acusados de presuntos actos de corrupción.

   El ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, denunció la compra de joyas, pago de cirugías estéticas y viajes con el dinero de la partida de gastos reservados, de los cuales, dijo, no existen facturas en los archivos oficiales.

   El ex procurador y abogado de Moscoso, Rogelio Cruz, aseguró que hay “una clara persecución política, ya que no hay señalamientos contra la ex mandataria en las dos acusaciones”.

Igualmente, el ex ministro de Economía y Finanzas Norberto Delgado fue acusado de enriquecimiento ilícito y los directivos y gerentes de los estatales Banco Nacional (BNP) y Caja de Ahorros (CA) fueron denunciados por malos manejos financieros en las carteras de préstamos personales y fideicomisos.

   Cruz advirtió que la Corte Suprema debìa resolver una consulta del procurador general, José Sossa, quien considera que Moscoso está protegida por la inmunidad que le da ser miembro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), aunque la ex mandataria advirtió que no ocupará ese cargo.

Tambièn, Estados Unidos le canceló la visa de entrada a su territorio al ex ministro de Obras Públicas y vicepresidente del PA, Víctor Juliao, por estar presuntamente involucrado en casos de corrupción.

   La Contraloría General congeló  los bienes de los directivos de la Fundación Mar del Sur, que manejó las donaciones de Taiwán destinadas a obras de salud y cultura.

   La Fundación, dirigida por el ex ministro de Salud Fernando Gracia operó como una empresa privada, lo que ha generado sospechas de la Contraloría General y de la Procuraduría.

   El gobierno del presidente Martín Torrijos investiga presuntas irregularidades en la construcción de un puente sobre el Canal y el manejo de los dineros del Fondo de Inversión Social (FIS), para determinar si algunos de los proyectos fueron utilizados para apoyar candidatos oficialistas en las elecciones generales del pasado 2 de mayo.


Presentan a Moscoso 60 casos de corrupción

12/8/02 - 11:00 PM

  • GINEBRA                                            

La Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó a la presidenta Mireya Moscoso 60 casos específicos que fueron denunciados como actos de corrupción ante esa instancia de notables, a fin de que el Ejecutivo adoptara las sanciones o tramitara los mismos ante los tribunales correspondientes.


Lo que se constituyó en el segundo informe de la Comisión contra la Corrupción, y que fue entregado a la presidenta el 2 de mayo del presente año, recoge la inquietud de diversos sectores de la sociedad en torno a hechos que han sido de dominio público por haberse difundido ampliamente a través de los medios de comunicación social.


Entre otros casos, la comisión cita la caída y hundimiento del helicóptero HP 1430, el obsequio de costosos relojes Cartier dados por la presidenta Moscoso a los legisladores, la remodelación de la Casa Presidencial de Punta Mala por un valor aproximado de B/.98,000.


Cita que en el marco del caso del HP 1430, surge a la luz pública la relación del colombiano Jorge Vásquez con la empresa Hanta Corporation, firma propietaria del helicóptero, y la vinculación de Vásquez con Alvaro Naranjo Salazar, quien a su vez es el banquero de confianza de Moscoso.


El informe enviado por la comisión a la mandataria también recoge la denuncia hecha por el vicepresidente Arturo Vallarino y el legislador Marcos González, sobre la venta ilegal de terrenos propiedad del Banco Hipotecario Nacional (BHN) a ciudadanos asiáticos y el caso de Nora Esther Arrocha, sobrina del entonces gerente del BHN, Waldo Arrocha, a quien se acusó de recibir un salario por servicios prestados a pesar de que reside en Suiza. 


Otro sonado caso que se ventiló a través de los medios de comunicación social y que se incluyó en el segundo informe que se envió a la mandataria, guarda relación con las denuncias de irregularidades en las licitaciones para contratar los servicios de seguridad para el BHN y para el Ministerio de Educación.


Figura además la decisión de la subdirectora de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Bertilda García, suspendiendo un contrato que se había adjudicado a una empresa para la instalación de 8 grúas fijas y cuya decisión contó en su momento con los integrantes del Consejo Económico Nacional, a pesar de que ese organismo ya había aprobado otorgar el contrato a la empresa original, en este caso Suministros Los Andes.


Hace mención, igualmente, de la construcción de un edificio para el Ministerio de la Presidencia y cuya licitación fue ganada por Constructora Azuero, donde figuran como dignatarios miembros de la familia del viceministro del ramo, Arnulfo Escalona.


Se incluye también el caso de los servicios profesionales y viáticos pagados en la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) por la supervisión de trabajos de mecánica a helicópteros y aviones a personas que no estaban aptas para desarrollar este tipo de actividades.


El uso irregular del combustible en el Servicio Aéreo Nacional, la sonada renuncia de la entonces directora del Hospital Santo Tomás, Gloria Moreno de López, el escándalo desatado por la supuesta entrega irregular de licencias para marinos en Manila-Filipinas, la reducción de la altura del segundo puente sobre el Canal de Panamá, que según algunos proponentes, afectó el resultado de la licitación para el diseño.


Las denuncias de irregularidades en la licitación para escoger a la empresa encargada de suministrar la galleta nutricional, los atrasos en la construcción de la Línea de Oriente, la compra fraudulenta de computadoras en el IDAAN, los gastos de la cumbre presidencial y la contratación de empresas para extracción de arena en el río Pacora sin contar con los estudios de impacto ambiental, forman parte de la larga lista de denuncias.


Hasta ahora no se ha informado sobre sanciones a funcionarios, compañías privadas u otro tipo de persona que guarde relación con las denuncias presentadas por dicha comisión.


Biografìas:


http://hoy.com.do/justicia-investiga-a-mireya-moscoso/

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/panama/mireya_moscoso_de_arias/(language)/esl-ES

https://www.panamaamerica.com.pa/nacion/presentan-moscoso-60-casos-de-corrupcion-96916


Comentarios
* No se publicará la dirección de correo electrónico en el sitio web.
ESTE SITIO FUE CONSTRUIDO USANDO