Un istmo que se queda sin sus islas

ESTAMOS PERDIENDO NUESTRAS TIERRAS - Un istmo que se queda sin sus islas

En la última década, la venta de islas se ha incrementado y una vez se titula, la isla deja de ser parte del patrimonio del país. La ley no permite vender más del 50% de la isla, aunque los anuncios y promotores ofrecen ‘islas privadas’, y son màs del 50%.

‘¿La isla del tesoro? La leyenda cuenta que el importante tesoro de Lima está enterrado aquí, en Panamá, oculto en las entrañas de una isla virgen, rodeada de aguas tropicales, playas de arena fina, densa vegetación, rocas, cuevas y grandes vistas. Sin embargo, los dueños anteriores no encontraron nada’. Puede parecer el inicio de una novela de ficción, pero no lo es. Es el anuncio de Isla de Coco, en el Pacífico, a unos 100 kilómetros de la capital. Cuesta 550,000 dólares, y está en venta. Vladi Private Islands posee 120 islas en todo el mundo; cuatro de ellas en Panamá. Es sólo una de las empresas de bienes raíces que operan en el país, tanto extranjeras como nacionales, que compran, venden y traspasan este patrimonio natural. En la última década se multiplicado el comercio de islas en el territorio nacional. Muchas han sido vendidas y publicitadas como ’islas privadas’, pese a que la Ley 2 de 2006 establece que no se puede vender más del 50% del territorio de una isla. ¿Qué es lo que hace de Panamá uno de los mercados más grandes en el comercio de la venta de islas?

LA LEY DEL MERCADO

‘En Panamá es más fácil vender y comprar islas que en otros países, porque es posible para los extranjeros adquirirlas’, explica Farhad Vladi, presidente de la empresa, que desde hace 30 años comercializa islas en el archipiélago de Las Perlas. A diferencia de Panamá, otros países como México, el mercado más potente en la región, impiden comprar islas a extranjeros.

‘El mercado panameño ha sido siempre muy interesante para nosotros; la belleza topográfica, la estabilidad política y un clima favorable hacen que poseer una isla Panamá sea muy beneficioso’, agrega.

La gama de precios de las islas va desde los $50,000 hasta los $15 millones, con la mayoría de las ventas alrededor de $200 y $300 mil. Sin embargo, el precio no es un problema en América Central, donde las islas cuestan a menudo sólo un tercio de lo que valen en el Caribe, señala Vladi. Menos cuando es el Estado el que regula los precios del terreno en función de las hectáreas: 50 dólares si posee menos de 20 hectáreas; 100 dólares si está entre 21 y 50 hectáreas, y $150 a partir de las 51 hectáreas, según se registra en la Ley 2. Además, la ley establece un plazo de 10 años para cancelar el pago. Aunque eso no es nada si se compara con unos años atrás. En la última década, los precios de mercado de las islas se han duplicado, según los corredores de bienes raíces.

La Constitución establece en su artículo 291 que ‘el territorio insular sólo podrá enajenarse para fines específicos de desarrollo del país y bajo las siguientes condiciones: cuando no sea considerado área estratégica o reservada para programas gubernamentales’; y ‘cuando sea declarado área de desarrollo especial y se haya dictado legislación sobre su aprovechamiento’. Y así se hizo.

En 2009, Panamá declaró el territorio insular ’área de desarrollo especial’, reforzando así la ley 2 de 2006 de ‘incentivos a las personas extranjeras, nacionales y empresas interesadas en la compra de territorio insular para el desarrollo de un proyecto turístico’.

En los últimos 15 años, Panamá ha impulsado el turismo como una de sus fuentes principales de ingreso. El año pasado, este sector aportó a la economía $2,261 millones, un 17.3% más que en 2011, posicionando a Panamá como el país con el turismo más productivo de la región. Y eso, tiene un costo: la pérdida del patrimonio.

Isla de Coco. Territorio virgen donde se ubica la leyenda del tesoro de Lima, en el Archipiélago Las Perlas. Tiene un precio de 550,000 dólares y está solo a diez minutos en bote de la Isla del Rey.

Isla Iguana, Golfo de San Miguel, Panamá, 38.04 hectáreas, titulada desde 1928. No hay infraestructura, no hay electricidad ni señal, pero sí una selva abundante, árboles y animales. Se vende: $1.5 millones.

Gran parte de ello se debe a que la Ley 80 de 2009 señala que al Estado le corresponde percibir un 25% de impuestos sobre las ganancias de cada operación de compra-venta insular.

¿Por qué se flexibilizó tanto la regulación en favor del mercado?

‘En un momento dado, Panamá tuvo que elegir si quería convertirse en la nueva República Dominicana del turismo o quedarse relegado como Nicaragua u Honduras, y tuvo que adaptarse’. Panamá eligió el desarrollo. Miguel Emiliani es corredor de Bienes Raíces, y acaba de vender dos islas en el archipiélago de Las Perlas por $3 millones de dólares.

–¿De dónde surgen los dueños’ de una isla?
Son personas que han venido heredando, generación tras generación, no se sabe muy bien cómo ni por qué.
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Y, ¿cuánto patrimonio nacional se ha perdido ya?
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No sé cuántas islas se han vendido, pero si está titulada, la isla deja de ser parte del patrimonio, y la ley no es retroactiva en este sentido. Hay propiedades que se están titulado con frente de playa, y sin embargo, eso está prohibido porque no respeta los 22 metros desde la marea más alta y la servidumbre.
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¿Cómo impacta eso en las comunidades locales?
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Por ejemplo, hay islas que tienen que traer pescado congelado de la capital porque han desplazado a los pescadores artesanales. Afecta también a los accesos. Están comprando no sólo las playas, sino todo el lineal de la costa y blindan el acceso a la playa; la convierten prácticamente en privada.

REMATE DE ISLAS

Panamá cuenta con 1,450 kilómetros de costas y en 2008, el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) sostenía que existían todavía 45 mil predios por asignar en estas zonas, en un mercado que ha dado lugar a muchas paradojas, como que en un lugar rodeado de agua sea necesario llevar pescado congelado. En Panamá se encuentran la isla más cara del mundo, y también la más barata. El pequeño y mediano empresario ya no tienen nada que envidiar a Marlon Brando, Johnny Depp, Nicolas Cage o Mel Gibson. ‘No necesitas ser un naúfrago como Robinson Crusoe, ni un millonario para poseer tu propia isla; si puedes afrontar el gasto de un carro, ¡puedes comprar una isla!’, anima la compañía Vladi. Si dispone de 30 mil dólares, la Isla Gatún puede ser suya con monos, tucanes, loros y tapires que tienen el sitio como hábitat, incluidos.

Si busca algo más sofisticado, por 311 millones de dólares la Isla San José, en la costa del Pacífico, le espera para ser adquirida. Se trata de un paraíso natural de 44 kilómetros cuadrados y 57 playas de aguas turquesas, bosques tropicales, cascadas y ríos, a salvo de huracanes, terremotos y ’paparazzis’ que en la década de los 40 el Ejército estadounidense empleó para realizar unos 130 ensayos militar es como preparación de una posible guerra química contra Japón, y que años después perteneció a Earl Tupper, el inventor de los famosas vasijas plásticas Tupperware.

El mercado insular en Panamá ofrece, sin embargo, algunos problemas. ‘En una ocasión, vivimos una situación en la que los pobladores decidieron residir en una isla privada y reclamaron sus derechos posesorios, que están recogidos en la legislación. En consecuencia, nuestros clientes perdieron su isla’, señala Farhad Vladi, que advierte que ‘esta situación debe contemplarse con cuidado’.

Isla Cebaco, Isla Brava, Isla Palenquita, Isla Gallina, Isla Paradita... Todas ellas están en venta. La compañía Private Islands oferta hasta 21 islas panameñas en su página web.

‘Animamos a la inversión en propiedades en Centro América, pero el mercado en el área sigue siendo como el salvaje oeste en muchos aspectos, debido a las diligencias y trabas legales en los derechos de posesión, que deben ser contemplados con atención’, añade en su página.

El dilema surge después de que se derogara la Ley 23 de 2009, a cambio de la Ley 80 de 2009 (vigente), cuyo objetivo es asegurar que las personas que mantenían un derecho posesorio sobre una propiedad pudieran inscribirla en la sección mercantil del Registro Público. En 2008, la Dirección de Catastro poseía 6 mil expedientes de derecho posesorio sin procesar. Y por aquel entonces, Pronat ya reconocía que dentro de las costas e islas existen ‘miles’ de conflictos legales por traslape y sobreposesión de propiedades que complican el tema de la titulación y venta.

Antonio Chang, abogado del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), recuerda que entre 1904 y 1946 la legislación permitía la ocupación legítima de las tierras por parte de los pobladores y pescadores artesanales que vivían allí. Sin embargo, denuncia que ahora no se están realizando los estudios sociotenenciales pertinentes para observar el cambio de propiedades. ‘Se ve como una gran injusticia hacia los ciudadanos y las poblaciones históricas; son personas humildes que no conocen sus derechos, y se están privatizando islas sin hacer una evaluación del impacto’, apunta.

‘La legislación ve con mucho cuidado el desarrollo de la inversión insular, porque siempre han existido problemas en las titulaciones; se han dado fraudes de transmisión, se han intentado vender tierras supuestamente tituladas, cuando sólo se tenían los derechos de posesión, e incluso se ha querido vender islas en zonas protegidas’, advierte Rolando Herrera.
Este agente promotor recuerda que los derechos posesorios son ‘muy vulnerables’, ya que ‘si el Estado decide que necesita ese espacio, lo puedo reclamar’, y además, sin títulos no se conceden créditos bancarios, por lo que dificulta su desarrollo. Entre tanto, la venta continúa, dejada a la mano libre del mercado, que usurpa al istmo de su patrimonio natural y cultural.

Abogan por turismo sostenible
Las comunidades isleñas han sido las más perjudicadas del boom inmobiliario que ha generado el turismo en el territorio insular panameño, según denuncian varias organizaciones. Para Olmedo Carrasquilla II, miembro de la ONG Voces Ecológicas, la situación de desplazamientos de los habitantes originarios ha derivado en un ‘conflicto socioambiental del turismo inmobiliario’.

‘El Estado ha dejado a la deriva a las comunidades; no ha sido capaz de promover un verdadero proyecto que las beneficie’, señala Carrasquilla II. Tanto él como Migdalia Pérez, portavoz de la Red Nacional en Defensa de las Comunidades Costeras, consideran que los pobladores no se oponen al desarrollo turístico, sino que buscan que se promueva uno que las integre y beneficie, respetando el medio ambiente y sus tradiciones, así como su propia presencia en las islas.

‘La venta de islas sólo aparece en revistas internacionales o en subastas, pero es un tema poco visibles para la opinión pública panameña, y el Gobierno no ha sido muy transparente en ese aspecto, y hay todo un engranaje que vulnera la integridad de la comunidad isleña’, añade Carrasquilla II.

Defensa costera

Lo que la Red busca impulsar es una Ley de Protección al desarrollo costero, la creación de programas de turismo socioecológico y la revisión de las leyes en materia de adjudicación de tierras, ya que advierten que en muchos casos no se está cumpliendo la legislación.

‘Se está imponiendo un tipo de turismo que no va acorde con la identidad del país, ni de las comunidades costeras. Además, está suponiendo una agresión al ecosistema’, advierte el ecologista, que apunta que cuando se vende una isla, se incluyen en la transacción todos los animales y plantas que la ocupan.

Las únicas islas del país que se encuentran a salvo del desarrollo turístico masificado son las que se encuentran en las comarcas indígenas, pese al intento en 2005 del entonces ministro de Turismo, Rubén Blades, de convertir los Cayos Holandeses en un referente turístico.

Según Blades, el desarrollo turístico de áreas como los Cayos Holandeses, Chicheme, Grillos y Limones podría convertir a Panamá como la mejor oferta caribeña de Centroamérica. En otros lugares como el Archipiélago de San Andrés, en Colombia, el Gobierno optó por limitar el ingreso de turistas y mantener un control sobre el régimen migratorio en las islas para evitar la pérdida de la identidad local. Aunque esa es sólo una de las múltiples opciones que se han adoptado en otros lugares para preservar el patrimonio.