Polígonos, una deuda histórica
En el Cerro Tigre, se encontraban las municiones químicas de los Estados Unidos.
EU y su presencia militar en todo el país
Consultorías y asistencias solicitadas por la extinta Autoridad de la Región Interoceánica a mediados de la década de 1990 concluyeron que existía contaminación en las áreas de entrenamiento militar que Estados Unidos consideraba saneadas y que era posible hacer la limpieza creando una estructura organizativa y con financiamiento para cubrir las necesidades a largo plazo.
Casi dos décadas después, un acuerdo firmado por Panamá con la Organización de Estados Americanos, busca hacer realidad la descontaminación de esos sitios, a través de la fundación PA.NA.M.A (Parques Nacionales y Medio Ambiente), que lleva dos años trabajando en el polígono de Río Hato. Es un proyecto cuya primera fase alcanza los 10 años.
María Luisa Navarro, viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería, manifestó que les complace que se haga realidad para asegurar la protección de nacionales, visitantes y del medio ambiente.
Décadas
Descontaminar las áreas que fueron utilizadas para fines militares ha sido una aspiración de sucesivos gobiernos panameños tras la reversión de las tierras incluidas en la extinta Zona del Canal el 31 de diciembre de 1999, pero poco se había logrado avanzar luego de casi dos décadas de ese histórico momento. Hasta hoy.
El 18 de este mes, el Programa de Acción Nacional contra Municiones sin Explotar (MUSE) inaugurará formalmente sus actividades en Río Hato, Coclé, una zona de unas 7 mil hectáreas que, de acuerdo con registros históricos, tuvo actividad militar desde mediados de la década de 1920 –poco después de que finalizara la I Guerra Mundial y de que el Canal de Panamá iniciara operaciones el 15 de agosto de 1914–, cuando el Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos (EU) se interesó en una pista de aterrizaje privada, y donde décadas después funcionó una sede militar de las Fuerzas de Defensa de Panamá y el Instituto Militar General Tomás Herrera.
Río Hato, que fue elegido por la Fundación de Parques Nacionales y Medio Ambiente (PA.NA.M.A) –a cargo del programa– como el piloto para una labor que podría tomar dos décadas, está ubicado en uno de los polos turísticos de veraneo del país. Además, hay unas mil 200 hectáreas de tierra concesionadas para reforestación comercial, y el resto es explotado como tierras comunales por ganaderos y agricultores, lo que eleva el riesgo de accidentes con municiones sin explotar. Hasta ahora, los accidentes se han cobrado la vida de 21 panameños, según los registros –el más reciente en 1999–, aunque la fundación está segura de que hay más casos. Otros, han perdido extremidades.
Los polígonos
Una de las preguntas que surge al hablar de la descontaminación es cuántos lugares del país están en esta situación y cuántas municiones habrá en ellos.
La respuesta no es simple. Luiggi Franceschi, director de la fundación, señaló que los polígonos del área oeste de la cuenca del Canal están relativamente bien definidos: Emperador, Balboa oeste, Sherman y Piña, en Colón. Sin embargo, no se sabe cuál es el porcentaje de contaminación de esas tierras.
También está definida como zona con MUSE Río Hato, en Coclé; isla Iguana, en Los Santos, e isla San José, en el archipiélago de Las Perlas. “Hay un cierto número de áreas que hay que investigar, que todavía no podríamos decir con certeza que es un área peligrosa”, dijo Franceschi.
Gonzalo Menéndez G., asesor del grupo –quien trabajó en la extinta Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) cuando fueron revertidas las zonas que ocupó EU–, dice que es importante tener claro que así como la fundación no tiene certeza del nivel de contaminación de Río Hato y otros lugares donde se cree que hay MUSE, no hay nadie en el país que lo sepa y esto es parte medular del “estudio técnico” que es necesario realizar para determinar dónde y cuánto terreno hay que sanear, así como la inversión necesaria.
Menéndez dijo que en la década de 1990 el Departamento de Defensa de EU le entregó a la ARI planos (mapas de abanicos de tiro) recientes, que no incluyeron las décadas de 1950, 1960, 1970 y 1980, ya que esa información era destruida o archivada cada cierto tiempo por EU.
La prueba de que la información entregada estaba incompleta, indicó, es que cuando se construyó el puente Centenario, el abanico de tiro que trajo al Consejo Nacional de Urbanismo el representante de la ARI no llegaba hasta la zona donde se ubica el acceso oeste a la estructura. Sin embargo, se detectaron y encontraron municiones durante su construcción.
“Hay un vacío de información muy grande que se complica, porque ninguno de los gobiernos panameños que pasaron tuvo acceso a información objetiva y clara. Ahora, nos toca hacer una especie de reconstrucción histórica, un trabajo forense para comprender qué pasó en estas áreas”, apuntó el experto.
La fundación tiene registros de que en la ampliación del aeropuerto de Tocumen se encontraron municiones sin estallar, lo que estaría ligado a que en esta zona hubo combates durante la invasión de 1989.
“Se habla de isla Cañas, se habla de un entierro de municiones nuevas en el aeropuerto de France Field en Colón, pero son informaciones muy vagas”, afirmó.
Una de esas informaciones, recopilada de testimonios de exmiembros de las Fuerzas de Defensa, indica que al menos un contenedor de municiones defectuosas, proveniente de Nicaragua -en tiempos de la guerra civil en Centroamérica-, terminó enterrado en tierras panameñas.
La evidencia del problema con las MUSE saltó a la vista en la última década con más fuerza, por la ejecución de obras de infraestructura. Franceschi indicó que en obras de la Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas y la Empresa de Transmisión Eléctrica se destruyeron unas 2 mil MUSE, casi todas en el polígono de Emperador, y en Piña.
Precisó que para la construcción de la cárcel del Ministerio de Gobierno y Justicia en Piña fue necesario hacer limpieza de MUSE y que en el proyecto de la nueva potabilizadora en cerro Tigre, en construcción, se hallaron municiones. “Solo en Río Hato, a nivel superficial, en las áreas que hemos recorrido [menos del 10%], tenemos unas 500 municiones marcadas”.
El programa
Aunque la Fundación PA.NA.M.A está registrada y opera legalmente en el país desde 1985, es desde hace tres años –febrero de 2015– que viene empujando el Programa de Acción Nacional contra MUSE, cuyo objetivo es localizarlas y destruirlas, para disminuir los impactos sociales, económicos y ambientales que estas ocasionan, y crear condiciones favorables para el aprovechamiento de estas tierras.
En su primera fase, la oenegé se dedicó a buscar información documental, levantar data y acercarse a entidades nacionales para hacer docencia y empujar el programa, y a organismos internacionales que apoyan labores de desminado, en busca de recursos.
Después de tocar muchas puertas, en marzo pasado se divulgó que el Estado panameño y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) habían concretado la firma del acuerdo de cooperación y asistencia técnica para la “liberación de áreas contaminadas con municiones sin explotar”.
El documento establece responsabilidades para el Estado, entre ellas, elaborar y adoptar un plan de trabajo anual de liberación de las áreas contaminadas, que incluya el transporte, almacenamiento de suministros y equipos de los proyectos, seguridad del personal y equipo y destrucción de las municiones halladas. El país también se compromete a facilitar al personal provisto por la OEA el acceso a los sitios contaminados, a las instalaciones donde sea almacenado el material y a los lugares donde se efectúa la destrucción.
La firma de este acuerdo fue posible luego de que personal de la OEA vino al país, por intermedio de la fundación. El grupo explicó que Panamá era el único país de Centroamérica que no había pedido fondos para saneamiento humanitario.
En los dos años previos a la firma, la fundación tocó puertas de Naciones Unidas, Suiza y oenegés ligadas al tema, y todos le dijeron que solo lograrían fondos si tenían respaldo del Estado.
La fundación fue reconocida por el Estado para realizar este tipo de trabajos, a través de un resuelto de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIAS). Además, firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad y están en espera del refrendo de la Contraloría General de la República de uno similar con el Ministerio de Ambiente. También tienen una nota de apoyo de la Cancillería y un acuerdo con el Consejo Municipal de Antón, por ser el área del proyecto piloto.
Sobre los fondos que se requieren para arrancar, la fundación calculó $1.5 millones. No obstante, solo tienen un capital semilla de $250 mil, aportado por el Ministerio de Seguridad, con el cual, según los directivos, solo podrán sanear 5 hectáreas. Y es que, para tener una idea, según la fundación, el promedio pagado por la ACP para limpieza de MUSE es de entre $35 mil y $50 mil por hectárea.
De allí que para Franceschi en esta etapa lo importante es empezar a ejecutar las fases del programa para generar información para mostrar a los donantes cuyas puertas toquen.
Con el dinero que les fue aprobado seguirán en las hectáreas que han estado trabajando en Río Hato; también prevén intervenir en los caminos de acceso (marcado, señalizaciones) de forma que sean más seguros, señaló Franceschi.
Lo dice porque visitantes de los sitios turísticos del área son vistos, a menudo, recorriendo la zona en four wheels, sin saber que están en una situación de riesgo, ya que los letreros que alguna vez fueron colocados se han deteriorado o son inexistentes.
EU y su presencia militar en todo el país
La casi militarización del territorio de Panamá por parte del Ejército de Estados Unidos (EU) está plasmada en documentos desclasificados por esa nación.
Uno de ellos es un mapa publicado en un estudio de Bynum Weathers, titulado Acquisition of air base in Latin America June 1939 - June 1943, donde se ubican 48 pistas que la Fuerza Aérea de EU habría tenido en el país en ese período.
Asimismo, información de la enciclopedia del Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales (Tomo 16), detalla que con base en el convenio sobre arrendamiento de sitios de defensa, suscrito entre la Cancillería y el Embajador de EU en Panamá, en 1942, los norteamericanos pidieron alrededor de 136 sitios de defensa.
“(...) El 11 de octubre de 1940 Washington había pedido 12 sitios para campos de aterrizaje y bases auxiliares (...) El 29 de noviembre de 1941, solicitan un campo de tiro y prueba para bombas en La Chorrera, otro para tiro de bombas y ametralladoras en Penonomé (...) . En 1942, piden otros sitios en Puerto Armuelles, San Blas, isla de Coiba, La Mesa, La Joya de Pacora, Jaqué, Pinogana, Puerto Obaldía, Almirante, islas de Las Perlas, Punta Mala, Punta Piña y Taboga”.
Por otro lado, la utilización de las tierras en manos de EU para pruebas militares es abordada Emperors in the Jungle: The hidden history of the US in Panama, del escritor e investigador John Lindsay Polland, quien ha asegurado que solo en la cuenca oeste del Canal habrían 220 mil MUSE.
En su libro, Polland señala que en documentos constan al menos cuatro pruebas en Panamá con municiones químicas vivas desde 1964 hasta 1968 -“minas vx, cohetes y projectiles, y cohetes de sarín”-, algunas de ellas para evaluar municiones o equipos a condiciones ambientales específicas y entender cómo el clima de la región afectaba los materiales.
“Periódicamente, el staff del Tropic Test Center iba al patio tóxico de cerro Tigre, donde la mayoría de las municiones químicas estaban guardadas y tomaban muestras de los agentes nerviosos para ver si había sido diluido por estar guardado y por el calor del clima tropical”, se lee a foja 66.
Experto de la OEA revisará en mayo procesos de la fundación
El embajador de Panamá ante la OEA, Jesús Sierra, confirmó que luego de la firma del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica está planificada la visita de un experto en explosivos del organismo multilateral para mediados del próximo mes de mayo.
Durante su estadía se revisarán los procedimientos y protocolos empleados por la Fundación PA.NA.M.A, y se validará su Plan Operativo 2018. También se prevé que el experto imparta un curso básico para el nuevo personal y que se haga una actualización con el personal certificado.
Fuente: La Prensa