La Doctrina de Contrainsurgencia adoptada por la administración del presidente estadounidense John F. Kennedy en 1962 dio impulso a los gobiernos militares en América Latina
Es probable que ningún otro presidente de Estados Unidos haya gozado del mismo nivel de prestigio o provocado el mismo ardoroso entusiasmo entre los latinoamericanos.
Era el más joven gobernante electo en ese país. Era católico como la vasta mayoría de los latinoamericanos. Su Alianza para el Progreso dio impulso la construcción de acueductos, escuelas, hospitales y caminos de penetración que beneficiaron a millones de personas de los sectores más olvidados del continente.
Pero los interesados en mantener una actitud ponderada y realista hacia la figura de John F. Kennedy deberán estar conscientes de que detrás de esa encantadora sonrisa, eterno glamour y fachada progresista se escondía un estratega concentrado primordialmente en los intereses estadounidenses de corto, mediano y largo plazo.
Ya el líder soviético Nikita Khruschev le había advertido claramente de los peligros de la Guerra Fría catorce días antes de la toma de posesión, en un discurso dado en Moscú, el 6 de enero de 1961. .
‘Las leyes de evolución histórica muestran que el socialismo triunfará en el mundo. Es inevitable', declaró Khruschev ante los altos mandos del Partido Comunista.
‘Si el capitalismo intenta resistir, las clases obreras deberán tomar las armas. Sí… es una guerra que atemoriza… pero nosotros reconocemos su importancia. Son guerras que hemos apoyado y continuaremos haciéndolo en favor de la gente que busca su libertad'.
Era una provocación a la que el senador de Massachusets respondería minutos después de juramentarse como trigésimo quinto presidente de Estados Unidos.
‘Pagaremos cualquier precio, sobrellevaremos cualquier carga, afrontaremos cualquier dificultad, apoyaremos a cualquier amigo y nos opondremos a cualquier enemigo para garantizar la supervivencia y el triunfo de la libertad', dijo en el primer párrafo de su discurso inaugural.
El mundo se dividía en dos bandos irreconciliables: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por Rusia y China.
‘La seguridad del mundo libre peligra, y no solo por un ataque nuclear, también por los riesgos que provienen de la periferia, por las fuerzas de la subversión, de infiltración, intimidación, revoluciones internas, guerrillas', declaró el presidente el 28 de marzo de 1961 ante el Congreso.
Si durante el mandato de Harry Truman (1945-1953) la amenaza comunista se focalizaba en Asia, durante la presidencia de Eisenhower (1953-1961) y de Kennedy (1961-1963) llegaba a Cuba, el ‘patio trasero de Estados Unidos'.
Ellos (Rusia y China) ‘envían armas, agitadores, ayuda, técnicos y propaganda a cada área del mundo donde surge un problema. La lucha es hecha por otros, por guerrillas nocturnas por asesinos solitarios, por agentes subversivos y saboteadores e insurrectos', denunció Kennedy en otro mensaje al Congreso, el 25 de mayo de 1961.
A menos de tres meses de su toma de posesión, le llegaría la oportunidad de demostrar su compromiso con la libertad. El mandatario aceptó proseguir con el plan de invasión de la isla de Cuba a través de Bahía Cochinos, una iniciativa heredada de la administración de Eisenhower.
La misma sería un rotundo fracaso que humillaría al joven presidente ante sus aliados y enemigos y lo colocaría a la defensiva.
Si como miembro del Congreso (1947-1960) Kennedy se había presentado como un político moderado, que hablaba de ética y que criticaba el colonialismo europeo, como gobernante se enfrentaba a un verdadero dilema: ‘¿Cómo puede una sociedad abierta competir con una secreta y conspiratoria que usa a su antojo los instrumentos de subversion?' (Entrevista del NYT , 24 de abril de 1961).
Para buscar respuestas, el presidente estableció un comité especial de alto nivel liderado por su hermano Robert, que debía delinear una política o doctrina para abordar la amenaza que se cernía sobre Estados Unidos y el mundo libre.
El comité fue establecido el 18 de enero de 1962 a través del Memorandum de Seguridad Nacional 124. En agosto de ese mismo año, el grupo presentaba su Doctrina de Contrainsurgencia (Memorandum de Seguridad Nacional 182) también llamado Overseas Internal Defense Policy (OIDP).
De acuerdo con el historiador Michael McClinton ( Instruments of Statecraft: U.S. Guerilla Warfare, Counterinsurgency, and Counterterrorism , 1940-1990), el documento representaba el lado más oscuro de la política exterior norteamericana, la política más intervencionista jamás elaborada por un gobierno de este país y un viraje de las prácticas del Departamento de Estado y de la CIA.
La Doctrina contra la Insurgencia, introducida ante todas las agencias y departamentos del gobierno de Estados Unidos durante los meses siguientes a través de seminarios y reuniones, resulta un desgloce maquiavélico y simplista que coloca los intereses de Estados Unidos por encima de todo lo demás.
Aunque tiene el acierto de reconocer que muchos de los problemas de inestabilidad surgidos en los países en desarrollo tenían su origen en las necesidades no satisfechas de la población, no considera la satisfacción de estas sino un medio para proteger los intereses estadounidenses.
El objetivo único de la doctrina —y de la política que se adoptaría— era prevenir o derrotar la subversión o insurgencia inspirada, apoyada o dirigida por los comunistas, así como otros tipos de subversión que corrieran el riesgo de ser infiltrados por estos.
Se trataba de problemas locales. Estados Unidos no debía participar (físicamente). Por eso, el documento de OIDP enfatiza una y otra vez la necesidad de desarrollar las capacidades locales para combatir las amenaza a su seguridad interna en cualquiera de sus formas.
‘Los gobiernos amigos, decía el documento, debían ser animados a realizar acciones para evitar que los comunistas se infiltren en los movimientos nacionalistas'. Por ello, debían no solo enfocarse en la represión de estos movimientos, sino también en eliminar las causas de la disidencia y de la violencia.
La Alianza para el Progreso apoyaría la Reforma Agraria, las acciones de beneficio civil y de fortalecimiento de la base económica y social para disminuir el descontento de las masas (construcción de viviendas de bajo costo, obras de sanidad, nuevas escuelas y servicios básicos, además de establecer canales de comunicación con las zonas rurales) en los países en desarrollo.
Su objetivo era apoyar a los gobiernos locales para que estos dieran respuesta a las necesidades de su gente.
La pragmática y clara política no olvidaba la naturaleza humana: la resistencia profunda al cambio, ya fuera por razones sentimentales, culturales o económicas. Estados Unidos se encontraría con personas opuestas a desarrollar acciones de bienestar social cuando estas disminuyeran su propio poder y prestigio.
A esta circunstancia, el documento ofrecía varias avenidas.
‘Cuando los líderes no están en posición de efectuar las necesarias reformas, se hace obligante fortalecer otros elementos de la sociedad que sean capaces de hacerlo'.
‘El cambio de gobierno a través de la fuerza o la revolución no es siempre contrario a los intereses de Estados Unidos. Un cambio de gobierno hacia elementos o fuerzas no comunistas puede ser preferible a un periodo prolongado de deterioro de la efectividad gubernamental, que de rienda al descontento y a la represión'.
‘En los países en vías de desarrollo, a menudo el liderazgo nacional emerge del elemento militar. Cuando sea del interés de Estados Unidos, se promoverá que los militares y policías asuman el papel de defensores de la democracia y agentes promotores de los procesos de desarrollo'.
Por ello, continúa el documento, era necesario animar a los líderes militares o policiales, responsables del orden, a mantener un contacto estrecho con el pueblo.
Los militares y fuerzas policiales, dice el documento, son la primera línea de defensa contra la subversión y la insurgencia. Ellos son los primeros en los que recae la responsabilidad de la seguridad interna. Ellos están en el medio entre los focos de desestabilización y el resto de la sociedad.
‘Cuando sea posible y políticamente deseable, Estados Unidos proveerá equipo, entrenamiento y asistencia técnica a las fuerzas policiales amigas de los países extranjeros, particularmente aquellos amenazados con la subversión o la insurgencia. Este apoyo debe ser efectuado a través de los medios más apropiados y efectivos para la tarea, la AID, el Departamento de Defensa o la CIA, dependiendo de la naturaleza de la amenaza, el tipo de fuerza asistida y las preferencias del país en particular'.
‘A través de la asistencia militar, el Departamento de Defensa proveerá armas y otros equipos a militares amigos locales y a las fueras paramilitares, así como entrenamiento en los campos de guerrilla y contrainsurgencia'.
‘Notablemente ausente en el OIDP es cualquier mención de los derechos humanos — tratamiento humano de la población civil, la observancia de la ley internacional, de la Constitución de Estados Unidos, de la Convención de Ginebra o el tratamiento de priosioneros — ', opinó Charles Maechling, abogado internacional y oficial del Departamento de Estado de las administraciones de Kennedy y Johnson y quien participó en el proceso de construcción de esta política (Camelot, Robert Kennedy, and Counter-Insurgency: A Memoir).
De acuerdo con Maechling, esta doctrina adoptada durante el mandato de Kennedy y los gobiernos sucesivos se convirtió en la guía fundamental para las relaciones de Estados Unidos con los países del tercer mundo. Como resultado directo, los mayores y coroneles de América Latina graduados en la Escuela de las Américas fueron empoderados y se lanzaron a derrocar a los gobiernos constitucionales para instalar regímenes dictatoriales que se mantuvieron en los años sucesivos a través del terror.
Estudiantes, intelectuales, fueron perseguidos, torturados, asesinados. En Guatemala, el ejército sistemáticamente masacró aldeas enteras a las que acusaba de albergar las guerrillas. En Argentina, más de diez mil personas fueron asesinadas a sangre fría o arrojadas al mar. Los militares chilenos, encabezados por el general Augusto Pinochet, no solamente masacraron al presidente Salvador Allende y a más de tres miles presuntos subversivos, sino que volaron el carro de un antiguo embajador chileno en plena ciudad de Washington (Maechling).
En Panamá, un golpe militar defenestró a un político que aunque complicado y controversial, había obtenido el triunfo en las elecciones presidenciales de 1968. En las actuaciones de los militares durante los siguientes veinte años se pueden observar muchas de las prácticas recomendadas en este documento.
