Huelga general 11 de enero 1964
En vida del Presidente Kennedy, se había llegado a un acuerdo según el cual, Panamá podía izar su bandera junto a la de Estados Unidos en sitios públicos de la Zona. De hecho nunca se había llevado a la práctica hasta que los estudiantes del Instituto Nacional planificaron hacerlo el 9 de enero de 1964. La respuesta masiva de los zonians agrediendo a los estudiantes ocasiona la respuesta consiguiente de la ciudadanía, que a su vez deviene en la orden del Gobernador del Canal de sacar las tropas y equipo rodante de ataque al límite de la Zona y las Ciudades de Panamá y Colón, cerrándose el Puente de las Américas y el Corredor de Colón, los medios de comunicación inter y trans ístmicos.
Los sucesos se extienden hasta el 11 de enero con un saldo de 22 muertos y decenas de heridos del lado panameño. El Presidente rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pide la intervención de la Organización de Naciones Unidas y la de los Estados Americanos. La prensa mundial se hace eco de lo ocurrido. Es como un despertar en que el mundo entero, sobre todo el americano, se percatan que lo que habían imaginado como una dulce luna de miel entre Panamá y Estados Unidos, en realidad había sido patentemente un rosario de desaveniencias y contradicciones, incluido el uso de la fuerza contra la pequeña República.
EL PANAMÁ AMÉRICA DEL 11 DE ENERO 1964:
"El ejército de los Estados Unidos al hacer uso de la fuerza durante los dolorosos sucesos de los últimos días, ha violado compromisos internacionales que aparecen consignados en la Carta de las Naciones Unidas. En ésta se consagra que los Miembros de la Organización —y los Estados Unidos es uno de ellos— se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
El planteamiento hecho ante el organismo mundial se apoyó básicamente en la tesis sostenida por el Dr. Ricardo J. Alfaro ante la Asamblea General en 1946 y tiene igualmente antecedentes en el Informe de la Comisión de Política internacional creada en 1960, que fuera presidida por el Dr. Harmodio Arias y luego por el Dr. Octavio Fábrega. De acuerdo con esta tesis de neta raíz panameña la República de Panamá es y nunca ha dejado de ser el soberano de la faja de tierra conocida con el nombre de Zona del Canal. Dicha Zona no ha sido ni comprada, ni conquistada, ni anexada, ni cedida, ni arrendada, ni su soberanía transferida por Panamá a los Estados Unidos, país que desde 1903 se viene arrogando en la Zona del Canal funciones que no le corresponden.
En otro orden de ideas el Delegado panameño aludió a la nacionalización del Canal mediante la transferencia de su control a nuestro país; a su posible internacionalización, en cuyo caso Panamá tendría una responsabilidad especial, pero no trató a fondo la denuncia del Tratado del Canal de 1903 proclamada ayer por el Presidente Chiari, dejando, sin duda, para una intervención posterior, la exposición de las razones históricas y jurídicas que guiaron al Jefe del Estado a tomar la trascendental decisión de dejar sin efecto y cancelar definitivamente el oprobioso Tratado de 1903, cuyo texto merece el repudio de todos los panameños.
La aspiración de Panamá para que su caso sea considerado por el Consejo de Seguridad tiene una amplia base jurídica. Bolivia que actualmente ejerce la presidencia de dicho Consejo, anunció a través de la voz autorizada de su Canciller, que se pronunciaría como en efecto lo hizo, en favor de que el Consejo de Seguridad conozca de la crisis de Panamá.
Es evidente que según la Carta de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas para restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tales medidas tienen que ser acatadas no sólo por los países débiles y pequeños sino también por los poderosos, pues los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad.
El camino que ha seguido la Nación Panameña al recurrir al Consejo de Seguridad se asemeja a la acción que tomara en el mismo sentido el Gobierno de Túnez con motivo del problema causado por la ocupación de la Base Naval de Bizerta. En aquella ocasión el Consejo de Seguridad no pudo llegar a una decisión dada la imposibilidad de lograrse la mayoría necesaria para adoptar un acuerdo, y entonces, la Nación quejosa gestionó con éxito la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los hechos ocurridos en el territorio panameño revisten tal gravedad que sus consecuencias pueden alcanzar una magnitud imprevisible. La circunstancia de que una importante Comisión de la Organización de Estados Americanos, así como, el Secretario del Ejército de los Estados Unidos y el Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, se encuentran en misión oficial en nuestro país, no debe ser motivo para que nuestro Gobierno descuide las gestiones que se iniciaron ante el Consejo de Seguridad, pues de ser así se causaría un perjuicio irreparable a la dignidad nacional y al prestigio internacional de la República.
El Consejo de Seguridad también deja el camino abierto para el arreglo pacífico de las controversias. Pero debe hacer un pronunciamiento que reconozca la justicia de la causa panameña. Si esa decisión no se logra en el Consejo de Seguridad, entonces Panamá, lo mismo que otros países que en un momento de su historia vieron sus derechos conculcados, debe exigir que se convoque una reunión extraordinaria de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que en ese foro mundial empeñado en la erradicación del colonialismo en el mundo, se esclarezca de una vez por todas el derecho soberano, inalienable y absoluto de la República de Panamá sobre la Zona del Canal.
En esta hora crucial para los destinos nacionales el Ejecutivo tiene una responsabilidad histórica, que sólo podrá cumplir a cabalidad si cada uno de sus actos responde a las esperanzas y expectativas de un pueblo digno y altivo que con el corazón sangrante reclama justicia para sus muertos y satisfacción plena para sus reivindicaciones."