CORRUPCIÓN EN LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DESDE LA DICTADURA HASTA AHORA
Naturalmente, antes de la dictadura había corrupción, pero se limitaba a un individuo o a un departamento. La Guardia inauguró una nueva modalidad. La corrupción infectó todo el aparato administrativo. En el pasado, se castigaba a todos los culpables de haberle metido mano a los fondos públicos. Bajo la dictadura, no se podía castigar a ningún funcionario, no importaba lo insignificante de su cargo, ya que los hilos de la complicidad se tejían desde ese funcionario hasta los niveles más altos del poder. Esto se demostró con singular claridad en la estafa conocida como Proyecto de Viviendas del Seguro Social. La familia del líder máximo quedó pringada de la coronilla a los pies.
No hubo caso más infame. Una suma enorme fue robada; el daño moral excedió al material. El Seguro era una institución querida: un modelo de eficiencia y de probidad, del cual los panameños se enorgullecían con justa razón. Su saqueo fue tan cínico como descarado: un insulto, además de un perjuicio.
Las víctimas principales eran personas trabajadoras, que pagaban sus cuotas religiosamente de sus escasos salarios. Cualquiera que haya sido testigo, como lo fuimos nosotros, de las condiciones del cuarto de urgencia del Hospital del Seguro Social –las personas esperaban horas para ser atendidas, vimos a heridos, que sostenían su propia venoclisis con la mano libre porque no había de dónde colgarla– puede comprender la ira de los defraudados.
La ira impotente se convirtió en un mal del espíritu, y aun ahora, a más de dos décadas del fenecimiento de la dictadura, no se ha hecho justicia. No se ha recuperado ni un solo centésimo. No se ha encausado (ni castigado) a nadie. Y algunos de sus fautores ostentan el poder. Esto seguramente debe enconar el corazón de las personas, a menos que a los panameños ya no les moleste que les tomen el pelo, ni se sientan avergonzados de que los frutos de su labor se destinen a mantener en la opulencia a unos cuantos ladrones.
La estafa
Pero será mejor que describamos la estafa. Unos cien millones se hurtaron en el transcurso de más o menos un año y medio, en dos fraudes separados, que involucraban un proyecto de viviendas: un enorme pero por lo demás pedestre fraude de préstamos, en el cual la mayor parte del dinero desapareció; y un maravillosamente imaginativo fraude de seguros, que se tragó los últimos seis millones, más o menos.
Todo empezó en 1980, cuando Manuel Antonio Noriega –entonces coronel y jefe del G-2– descubrió que el Seguro Social era solvente. Acto seguido ordenó a uno de sus hombres de confianza proponerle al Director General que la institución financiara un hotel y un complejo tipo "resort" en Bocas del Toro, para acomodar a los turistas europeos. La cosa era poner a correr mucho dinero, a fin de que Noriega pudiera echarle mano a una parte para él y otra para los demás oficiales de alto rango de la Guardia, con las porciones respectivas para los personajes de menor monta, por supuesto.
El director general en ese tiempo era Abraham Saied, yerno de Monchi Torrijos, hermano del líder máximo. A él le gustaba la idea de estafar al Seguro, y le gustaban los bienes raíces como para hacerlo, pero le parecía que las viviendas populares serían políticamente más provechosas que un complejo hotelero de lujo. El régimen, después de todo, se hacía llamar revolucionario. Tal fue la génesis del proyecto.
No hay que suponer que la cosa sería totalmente chueca. Personas que no se lo merecían recibirían dinero, pero el país obtendría algunas viviendas. En todo caso, esa parece haber sido la idea original, aunque nadie se esforzó demasiado en garantizar la ejecución de estas nobles intenciones. No se hizo estudio alguno para determinar qué tipo de vivienda era la que se necesitaba, ni quién la construiría. Pese a que las leyes panameñas así lo ordenaban, no se hizo ninguna licitación. A cuatro caballeros nombrados por Noriega se les concedieron contratos verbales para la construcción de dos mil quinientas casas, ya que él y la Guardia recibirían la tajada principal del pastel.
Monchi Torrijos era uno de los contratistas. Este era incapaz de distinguir un ladrillo de una jaula de pericos, pero se le concedió un contrato. Norberto Navarro recibió otro de mil casas, y aunque Navarro sí era constructor, también era inescrupuloso desde mucho antes del golpe; era un tipo que prefería estafarte 10 balboas a ganarse honradamente un millón. Nadie les preguntó, ni a ellos, ni a los otros que recibieron contratos, si tenían terrenos para construir las casas. Nadie quería oír hablar de costes, ni de materiales. A nadie parecía importarle cuándo se terminarían las casas. Se concedieron los contratos y a los promotores se les adelantó el dinero.
Los funcionarios del Seguro se paseaban preguntándoles a los allegados al régimen si no les interesaba entrar al negocio de la construcción, y les concedían contratos, y les adelantaban jugosas sumas. Los concesionarios debían devolver parte de estos adelantos en concepto de coimas. Los funcionarios se veían obligados a compartir con la Guardia. Sin embargo, nadie se quejaba; había para todos.
Aparte de Abraham Saied, director general del Seguro y yerno del hermano del líder máximo, un grupo de peces gordos del Seguro tenía hundida la mano en el negociado.
Puede dar una idea del asunto este incidente, que involucró al Dr. Roberto Fábrega, actuario del Seguro. Una noche, cuando la estafa ya estaba en marcha, Giovanni Carlucci, entonces presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces, se encontró con Fábrega en el restaurante Sarti's , en el baño de los varones, para ser precisos. "Yo sé en lo que andan ustedes", dijo Carlucci. Fábrega sin parpadear, ni interrumpir el chorro, le contesto: "¿sabes?, tenía la intención de llamarte", contestó. "¿Qué te parecen unas cien unidades?".
A Carlucci no le interesó el negocio, pero no pudo dejar de preguntarse cuántos contratos se habrían concedido en situaciones parecidas. Saied y los demás no podían desembolsar noventa millones por sí solos. Ellos fueron los que se saltaron (como si de un potrero sembrado de boñigas se tratase) los procedimientos del Seguro, y garantizaron los préstamos; pero antes la Comisión Nacional de Finanzas, la Junta Directiva del Seguro y el Contralor General de la República debían aprobar el asunto. No hubo ningún problema. "Ricky" de la Espriella se encargó de la comisión.
Las complicidades
En lo que refiere a la Junta, algunos de los directores se hicieron los de la vista gorda ante las irregularidades del proyecto. Después de todo, los militares lo querían. Norberto Navarro sobornó por lo menos a dos.
En lo referente al contralor, no había problema. En el Panamá de la época de los tiranos, el contralor hacía exactamente lo contrario de lo que las leyes le ordenaban hacer. El contralor se aseguraba de que no hubiera un control efectivo de los desembolsos de los fondos públicos.
En total, hubo 38 promotores. Casi ninguno pensó siquiera en construir, aunque cuando estalló el escándalo, unos pocos se apresuraron a comprar terrenos, y quizás hayan cavado un hueco o dos. Sin embargo, virtualmente no se construyó casa alguna, y el efectivo desapareció en cuentas particulares.
Ese fue el fraude de la construcción, crudo pero eficaz. Así se volatilizaron más de 90 millones.
Cuando Norberto Navarro descubrió que se iban a conceder contratos para la construcción de diez mil casas en el programa del Seguro, tuvo una iluminación. Las casas no existían, ni existirían jamás, pero Navarro las podía ver en su imaginación, y de manera tan clara, que aun era capaz de notar lo que les hacía falta. Ni una sola de estas casas estaba asegurada. Se le ocurrió entonces a Navarro asegurar estas casas imaginarias contra riesgos también imaginarios; pero con el uso de pólizas reales, con primas reales y honorarios de corretaje también reales. Partiendo de este garrochazo majestuoso de la inventiva, faltaba solo un saltito para usar pólizas igualmente reales, con primas y honorarios reales, para asegurar a los dueños imaginarios de esas casas imaginarias, no fuera que una muerte imaginaria acabara con sus imaginarias vidas, causando así un lapso inoportuno en los pagos fantasmagóricos de sus etéreas hipotecas.
Mas no se lo quedó todo él solito. Repartió los frutos de su genialidad, cosa que fue buena idea por motivos de salud, tomando en cuenta la clase de tiburones que nadaban a su lado. El coronel Manuel Antonio Noriega, por ejemplo. Él también se metió al negocio de los seguros, con una firma nuevecita llamada Superseguros, S.A., manejada por Carlos Witgreen. El coronel (retirado) Rodrigo García también estaba en el negocio de los seguros. Se estipuló que la mitad de los honorarios de corretaje, algo así como 1.1 millón, debía ir al PRD para su uso en la campaña presidencial. A este acuerdo se llegó en una reunión celebrada en abril de 1982, en el restaurante Galaxia, entre dos jefazos del PRD. Y se destinaron 200 mil a la campaña de Luis Alberto Monge en Costa Rica, una inversión que rendiría sus dividendos cuando se encontrara el cadáver decapitado de Hugo Spadafora del lado tico de la frontera, ocasión en la cual Monge procuró moderar el furor investigativo de los periódicos ticos.
El vicepresidente "Ricky" de la Espriella estaba en el negocio. Le tocaron 115 mil por haber arreglado el asunto con la Comisión Nacional de Finanzas. Abordó uno a uno a los miembros y, sin reuniones, sin debate, sin minutas, obtuvo las firmas. Un solo maleante genial tramó el peculado de las aseguradoras, pero se necesitó toda una manada para realizar el milagro. No importaba. El valor de las pólizas alcanzaba los 385 millones. Las primas y los honorarios llegaban casi a siete. Había bastante para todos.
La olla se destapa
En enero de 1976, de servicio en la junta directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Roberto Eisenmann dijo, en una reunión pública, algunas verdades sobre la política económica de la dictadura.
Uno o dos días después, cuando llevaba sus hijos a la escuela, le detuvieron el auto. Lo abordaron unos monigotes con ametralladoras, y sin que se le acusara de delito alguno, con la ropa que llevaba puesta (previamente bolseado por sus captores), se le puso a bordo de un avión de la Guardia y se le deportó del país. Fue solo uno de la docena de líderes profesionales y de negocios a quienes se les trató de esta manera en aquella ocasión.
Dos años y dos meses después de que se le trasladara de aquí para allá en Suramérica, se encontraba en Miami cuando el Senado de los Estados Unidos aprobó los tratados del Canal de Panamá, y Omar Torrijos, según le había prometido a varios senadores, anunció que podían regresar los exiliados. Eso fue en abril de 1978.
Eisenmann se alegró, pero no quedó precisamente agradecido. Se pasó el vuelo de vuelta a su hogar pensando en lo que podía hacer para promover la democracia en Panamá, incomodando de paso a sus tiranos.
Fue así como decidió fundar un periódico independiente. Fue una malévola idea de crueldad intencional. Pretendía encender la luz mientras se alimentaban las cucarachas.
Demoró dos años para poner en marcha La Prensa y dos años más para afiliarle bien las garras.
Para el mes de abril de 1982, el periódico había relatado la verdad acerca de dos estafas millonarias: la del puente Van Dam y la de Transit, S.A., y se encontraba pintando la primera plana con el escándalo del Proyecto de Viviendas del Seguro Social.
Los panameños se horrorizaron y enfurecieron, y la dictadura, del gorila Rubén Darío Paredes para abajo, se estaba asustando. Había que hacer algo con aquel hedor. El 25 de abril obligaron a renunciar a Abraham Saied como director del Seguro, y lo reemplazaron por el Dr. José Renán Esquivel.
Esquivel, aunque era uno de los pilares de la Guardia, tenía la reputación de ser honrado. Su nombramiento aplacó la ira popular. Paredes y los demás pensaron que se habían zafado del lío. Esquivel, sin embargo, no tenía idea de la gravedad del enredo, ni del hecho de que sus héroes estaban metidos hasta las cejas. A principios del mes de julio, mientras procuraba localizar y rectificar el problema para así vindicar al régimen, descubrió y citó un informe, hasta ese momento secreto, que le había enviado la oficina del Contralor al Dr. Saied acerca del fraudulento programa de viviendas. Paredes, casi enloquecido de rabia, lo llamó a capítulo y le dijo que destruyera el informe y que dejara de hablar con los medios. Ya era demasiado tarde. Como el bodoque del cuento de hadas, Esquivel había destapado la olla donde se cocía burbujeando la infernal mezcla.
Primero salió a relucir la estafa de los seguros. La Prensa y varios comentaristas radiales esparcieron por todo el país el hedor de las casas inexistente
Entonces entró el olor de los procedimientos no cumplidos a la hora de conceder los préstamos a los promotores de la construcción.
El país soltó un rugido de ira. Maestros y médicos organizaron protestas en todo el país. El 13 de julio de 1982, cientos de miles de ciudadanos marcharon y se manifestaron, coreando insultos a la Guardia y al PRD. Aun Paredes se vio obligado a reconocer que la concurrencia había sido masiva. El día 28 una segunda protesta logró una concurrencia aún mayor. El régimen parecía tambalearse.
En realidad, la Guardia y su aparato civil no tenían la menor intención de entregar el poder, ni tenía la oposición los medios para arrebatárselo. Lo que ocurrió fue un reajuste, el primero de los cuatro que se darían durante los próximos seis años, con los cuales aliviaban la presión botando al presidente títere de turno.
El autogolpe
Cuando estalló el escándalo del Seguro, para desviar la ira del pueblo, el régimen se propinó un autogolpe o, más bien, hizo algunas morisquetas para hacer ver que se lo daba.
El día jueves 29 de julio de 1982, durante el noticiario de las 6:00, las pantallas se llenaron de repente con la cara de Jimmy Lakas: habló con la voz temblorosa de emoción: "compañeros ciudadanos", empezó con gravedad, de manera tal que la primera suposición del que lo veía era que la emisora estaba pasando un viejo discurso suyo de cuando aún era presidente-títere de la República. Pero no; él se refería a la crisis actual, que exigía (según él) que todos nos uniéramos, apartando los rencores y las rencillas personales.
Cualquiera diría que Panamá había sufrido un terremoto o algún otro desastre natural, y que la referida crisis no tenía nada que ver con la clase de corrupción a la cual tanto había contribuido el mismo Lakas.
El primer aniversario de la muerte de Omar Torrijos cayó un sábado. Si se hubiera conmemorado en esa fecha, sin embargo, nadie hubiera asistido al acto solemne. Por tanto, se celebró tarde en la mañana del viernes 30 de julio, con la concurrencia obligada de los empleados públicos, y por supuesto que transmitieron el acto por televisión. El orador principal fue el vicepresidente Ricardo De la Espriella. Su discurso fue una severa crítica de la administración y un llamado estridente a favor de un cambio radical. Fue como si el mismo De la Espriella nunca hubiera formado parte de un gobierno.
Entre tanto, Rubén Darío Paredes y una gran bandada de oficiales de la Guardia, junto con funcionarios civiles, observaban con aprobación, como si ellos tampoco estuvieran en el poder, ni en el país, ni en la galaxia siquiera, y como si nada tuvieran que ver, nada en absoluto, con el gobierno inepto e inútil que atacaba De la Espriella.
Llegó la hora del almuerzo y con ella la noticia de que renunciaba Royo, debido a una afección de la garganta; De la Espriella sería juramentado como nuevo Presidente de la República esa misma tarde. A las 4:00 se transmitió el espectáculo, en vivo, directamente desde el Palacio Presidencial, con el respectivo séquito de personajes engalanados con sus mejores plumas.
El artista invitado era Royo, quien habló durante media hora con una voz clara y distinta, sin el menor rastro de ronquera, una voz que hubiera sido la envidia del más estentóreo canillita. Resultaba claro para todos los televidentes que el dolor de garganta era un mero pretexto desmentido por el propio Royo.
De cuando en cuando la cámara enfocaba a su sucesor, Ricky, delgado y de cara pálida, encogido y con las piernas cruzadas en un sillón que le venía demasiado grande. Una expresión de obscena alegría le iluminaba el rostro. Y finalmente se ciñó pecho y espalda con la banda presidencial. Era el nuevo Presidente por obra y gracia de Rubén Paredes.
Entonces, no fuera que alguien dudara de quién era el amo, la transmisión pasó al Cuartel Central de la Guardia, y se llenaron las pantallas con la cara sudorosa del tirano en persona, quien rodaba los ojos como Idi Amin, ebrio de adrenalina y de poder. Declaró cerrados todos los diarios, "¡Desde ya!" y se quedó allí sentado con la cabeza de medio lado, con la mirada vidriosa y malsana sobre la cámara. Si le hubiera escupido al lente de la cámara, o arrancado con los dientes la cabeza a un gallina viva, ningún televidente hubiera parpadeado.
Esa fue la hora cumbre de Paredes. En ese momento la tiranía panameña se hundió en un primitivismo y una malevolencia ugandinas, preludio apropiado para las posteriores abominaciones de Noriega.
La idea de cerrar todos los periódicos era disimular la clausura de La Prensa, el verdadero y único blanco de aquel úkase. Era un esfuerzo por contener el escándalo antes de que salieran embarrados los espadones.
La razón que dio Paredes era que los periódicos eran muy dados al insulto, como si la clara obligación de La Prensa de decirle "ladrón" a los ladrones pudiera de alguna forma justa o lógica asemejarse a la práctica corriente de los periódicos del gobierno "revolucionario" de llamar pervertidos o sifilíticos a quienes lo criticaban.
Contener el escándalo implicaba dos aspectos. Ambos se facilitaban con el falso golpe. Una vez que ordenó el cierre de los periódicos, Paredes ordenó el arresto de "los implicados" en el caso del Seguro. Mientras hablaba, detenían a Ricardo Fábrega y a otros dos jefes del Seguro. Evidentemente los tres eran culpables. El plan, sin embargo, era que ellos cargaran con toda la culpa, y la inferencia que pretendía Paredes que derivara el pueblo era que Royo había impedido que funcionara la justicia, pero ahora que Rubén Paredes estaba firmemente al mando y puesto a su ficha (De la Espriella) había triunfado ya la justicia. El segundo aspecto, por tanto, era el de investigar, ma non troppo.
El cambio de Presidente abrió el compás para realizar otros cambios. El primer renglón de la lista era sacar a Renán Esquivel del Seguro. A éste lo reemplazó Luis Alberto Arias, quien llegó a figurar en uno de los episodios más extraños del asunto. El 6 de mayo de 1983, recibe una carta del secretario particular de De la Espriella, Rogelio Cruz, con una sencilla solución para todo el problema. Cuanto tenía que hacer Arias era conseguir que el Seguro proporcionara al Banco Nacional los avales para un préstamo de 86 millones de dólares a nombre de Norberto Navarro. Navarro le devolvería entonces la mitad de esta cantidad al Seguro, reembolsando así gran parte de lo estafado hasta la fecha. Con la otra mitad, Navarro podría construir viviendas, y todos vivirían felices para siempre jamás, amén.
Sí, no es una errata, ¡Norberto Navarro! Él, el estafador más dotado de todos los estafadores, ¡iba a ser el salvador del Seguro! Gracias al cielo que los avales nunca se concedieron, ya que la estafa hubiera sido de doble magnitud, pero, ¿qué debe pensar uno de De la Espriella y de Cruz por haber propuesto esta solución?
También sacaron al Contralor y al Procurador. Ambos habían mentido largo y tendido por sus amos militares, pero a ninguno de los dos le quedaba una pizca de credibilidad. Como Procurador entró un joven abogado con reputación tanto de honrado como de eficiente. Se trataba de Rafael Rodríguez, y su nombramiento parecía perfecto desde el punto de vista del gobierno: un jovencito inexperto y muy halagado por haber sido escogido para ocupar un puesto tan elevado, quien obedecería a sus superiores de rango y de antigüedad. Solo un adivino hubiera podido advertirles el error que estaban cometiendo. Y la humillación pública del joven señor Royo. Ese fue el paso más útil de todos los que se tomaron para aliviar la presión popular sobre el régimen: el más útil por ser el más primitivo. Muchos panameños de clase media y alta se sentían en realidad satisfechos de la dictadura, con tal de que se pudieran engañar a sí mismos acerca de la naturaleza de la misma... con tal de poder pensar que era un régimen moderado, controlado. La estafa del Seguro había hecho que el engaño fuera insostenible, pero ahora, con la degradación ritual de Royo, las personas podrían mentirse a sí mismas una vez más. Allí está, el régimen ha sido castigado por extralimitarse. El ser testigo del daño ocasionado permitió que las personas sintieran que ellos, después de todo, eran los que controlaban al gobierno, cuando lo que realmente ocurría era que los estaban manipulando con la mayor facilidad.
El hombre moderno no es tan astuto como cree. Todos los grandes descubrimientos se realizaron hace mucho, mucho tiempo. Segregar a un chivo del rebaño realmente funciona. Los predadores lo despedazan, se lo almuerzan, quedan por un tiempo satisfechos, y los demás podemos seguir con nuestras cómodas viditas.
El misterio oficial
Se ordenó que los periódicos permanecieran cerrados por espacio de una semana. La idea seguía siendo que La Prensa no reabriera. Hallándose el edificio sellado, bajo el control de la Guardia, se le puso una trampa a la rotativa para que se despedazara al reanudar sus operaciones. Por fortuna, el operador entró en sospechas y desarmó la maquinaria pieza por pieza antes de echarla a andar.
Como el periódico no lo habían cerrado delicadamente –entraron los guardias contoneándose y dando manguerazos–, Eisenmann y otros integrantes del personal tomaron la precaución de traer consigo algunos testigos cuando finalmente se les permitió reingresar al edificio: el embajador de la República de Venezuela, Alan Riding del Times de Nueva York, y el agente de la compañía que había asegurado al periódico.
Todo lo habían desbaratado o roto. Se habían llevado documentos, archivos y pertenencias personales. Habían vertido ácido en la unidad de procesamiento (el CPU) de la computadora principal. Aunque se pudo salvar la rotativa, había casi 100 mil dólares en daños.
Dos argumentos se manifestaron en este incidente, los cuales se repetirían con más y más frecuencia a medida que avanzaba la década. Había, primero, el tema del vandalismo estatal, la destrucción de la propiedad, decretada y alegremente ejecutada por los supuestos custodios del orden público. Estaba, además, el problema de la presión estadounidense para que el régimen permitiera la apariencia de una democracia. Ya que el apoyo principal del régimen se encontraba en Washington y no en Panamá, dejaron que La Prensa reabriera, al darse cuenta de que el sabotaje había sido incompleto.
El 6 de agosto reapareció La Prensa, y el día 7, no fuera que alguien soñara que el periódico había sido intimidado, allí, en la primera página, debidamente ampliado, aparecía un cheque del Seguro por un millón de dólares a nombre de una firma llamada Constructoras Agroindustriales, S.A., de Aguadulce, provincia de Coclé, con la explicación en el pie de foto de que el presidente de la firma era Monchi Torrijos.
El Ministerio de Gobierno y Justicia investigó el caso del Seguro, ma non troppo. A Fábrega y los otros dos funcionarios arrestados no los detuvieron en La Modelo, sino en el cuartel de Tinajitas, donde cada uno tenía una especie de suite con aire acondicionado, todo el licor y todas las visitas que se les antojara; les traían comida de los mejores restaurantes de la capital, servida por guardias uniformados.
El día 1 de septiembre arrestaron al mismo Abraham Saied, pero Tinajitas no era lo suficientemente lujosa para él. Se hospedó en las instalaciones de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Tocumen.
Descubrieron que todos eran dueños de sociedades anónimas, que a su vez poseían acciones en firmas constructoras o de seguros que habían participado en la gran estafa. Uno de ellos tenía depósitos a plazo fijo, que sumaban más de un millón de dólares. Se habían acumulado más de 5 mil páginas de evidencia, y la ley les negaba fianza de excarcelación a los imputados por peculado con un monto mayor de los mil balboas. Sin embargo, el día 6 de setiembre, el juez de Circuito Manuel Batista fijó la fianza para los cuatro individuos ¡citando la falta de pruebas prima facie! Poco después, Batista fue elevado al Tribunal Superior como magistrado en Las Tablas.
En enero de 1983, Carlos Cuestas Gómez, el fiscal asignado al caso del Seguro, entregó unas 12 mil páginas de evidencias a los tribunales de justicia, pidiendo que se iniciaran los procesos judiciales contra Saied, Fábrega, Norberto Navarro, y otros, incluyendo a miembros de la junta directiva del Seguro que habían sido sobornados por Navarro. En el mes de mayo, los sobornados fueron declarados encausables, pero a Navarro, quien fue el que sobornó, se le dictó un sobreseimiento provisional. El dictamen de mayo de 1983 no fue definitivo.
Desde entonces, Panamá ha sufrido dos elecciones fraudulentas, cuatro defenestraciones de presidentes, una invasión y la restitución de la democracia. Sin embargo, el caso del Seguro continúa estancado.
El asunto, sin embargo, tuvo un momento dramático final. El 28 de julio de 1983, casi exactamente al año de que lo nombraran en el cargo, Rafael Rodríguez, el procurador (quien inocente o sabiamente no había insistido en sus investigaciones más allá del límite trazado por la prudencia), informó a Paredes y al Estado Mayor de que De la Espriella tenía conocimiento, a nivel ya de culpabilidad, de la estafa del Seguro y que de hecho había sido responsable, junto con los doctores Royo y Saied, de los pagos que hicieron los estafadores de los seguros a las arcas del partido oficialista, o sea, el Partido Revolucionario Democrático. Así es que llamaron a Rodríguez al Cuartel Central a las 8:00 de la mañana siguiente. Allí, en presencia de De la Espriella y de algunos miembros del Estado Mayor, Paredes le habló a Rodríguez en una forma que posteriormente le daba vergüenza relatar en detalle, ordenándole que renunciara a su puesto.
"Panamá –dijo Paredes– no puede soportar otro gargantazo". Lo que quería decir él en verdad, por supuesto, sin que Rodríguez se diera cuenta, es que si Rodríguez le halaba la cadena a De la Espriella, De la Espriella le podría halar la cadena a él. A Rodríguez se le permitió abandonar el edificio, pero cuando al cabo de unas horas aún no había renunciado, se le mandó a traer otra vez, se lo tomó más o menos como prisionero, y lo amenazó de muerte nada menos que el coronel Roberto Díaz Herrera. Y renunció. ¿quién puede culparlo?
El reemplazo de Rodríguez, Efraín Villarreal, había hecho sus estudios de derecho en la Unión Soviética y sabía perfectamente cómo funcionan las leyes en un país donde no había justicia. Toda investigación de la estafa cesó al instante. Oficialmente, el caso del Seguro sigue siendo un misterio. Los culpables siguen sin castigo, y las víctimas sin retribución. (FUENTE: LA PRENSA)
.... y la historia continúa....
La evasión del pago de cuotas por unos 300 millones de dólares a la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá es un asunto "con muchos impactos" para "todos" en el país, por lo que debe castigarse y esa práctica debe "erradicarse", afirmó hoy una fuente del sector bancario.
El gerente general de la estatal Caja de Ahorros, Mario Rojas, dijo a Acan-Efe que su institución "es custodio" de inversiones de la Caja de Seguro Social de Panamá, a la que le "damos un buen rendimiento", por lo que lamentó el millonario desfalco.
"Acciones como esta van en detrimento del crecimiento del país, de cómo somos vistos a nivel internacional porque las calificadoras de riesgo y demás entes están viendo lo que sucede en nuestro país. Por eso hay que erradicarlas", clamó.
El ejecutivo bancario dijo que causa "un impacto importante el caso de la Caja de Seguro Social, da pesar que empresarios y colaboradores quieran beneficiarse de una institución tan importante".
Además de felicitar a las autoridades de la CSS por la investigación y llevar ante las autoridades judiciales a los responsables, Rojas dijo que "hay que crear la certeza del castigo y que el empresariado sepa que la prioridad la tiene el Estado".
"Hay que cumplir con las obligaciones y, como no, con las cuotas de la CSS, que se las debemos a esos colaboradores" que resultan perjudicados por el desvío de sus cuotas, señaló.
Rojas insistió en que "tenemos que trabajar mucho en la cultura, los valores, es una transformación que está ocurriendo a nivel mundial, que la corrupción sea un capitulo del pasado y que todos los habitantes caminemos por el camino correcto para bienestar de todos", indicó.
Advirtió que este caso causa "muchos impactos en el mercado, es importante que esa situación se solvente porque de la seguridad social dependemos todos a nivel individual".
El gerente indicó que "todo lo que trastoca las finanzas del ser humano se refleja en la economía nacional, en el consumo, en los índices de confianza, de depositar sus ahorros, en una economía como la nuestra que está creciendo (...) tenemos que proteger para que siga expandiéndose".
El 13 de abril pasado (2018) la Fiscalía Anticorrupción de Panamá abrió de oficio una investigación por la supuesta "evasión" de la cuota obrero-patronal por un monto de 300 millones de dólares en perjuicio de la CSS.
La Fiscalía dijo en un escueto comunicado que actuó luego de que se anunciara "públicamente hechos concernientes a la evasión de la cuota obrero-patronal, cuyo perjuicio asciende a 300 millones de dólares".
El director de la CSS, Alfredo Martiz, dijo que la institución "descubrió un agujero de casi 300 millones de dólares que han sido robados por empleadores, en complicidad con funcionarios, usando fallas en el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE)", según publicó el diario local Metro Libre.
Martiz reconoció que detectaron en las investigaciones y auditorías realizadas "una mafia, estructuras dedicadas a delinquir en la Caja del Seguro Social".